El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con sindicatos y patronal a las 11.00 de la mañana para iniciar las negociaciones que permitan reformar la normativa que regula el salario mínimo interprofesional (SMI) en España.

El objetivo del Ministerio, tal y como ha indicado la titular del Departamento, Yolanda Díaz, es abordar la adaptación completa de la Directiva de Salarios Mínimos Europea, un compromiso que la ministra de Trabajo adquirió con los sindicatos CCOO y UGT en el acuerdo para subir el SMI para el año 2025.

La Directiva sobre Salarios Mínimos se adoptó en 2022 en el seno de la Comisión Europea y busca mejorar las condiciones de vida y trabajo en los países que conforman la Unión Europea (UE), asegurando la adecuación de los salarios mínimos legales a las condiciones de vida de cada país.

Entre otros aspectos, Europa pide a los Estados miembros fijar un procedimiento para establecer y actualizar el salario mínimo con criterios claros, que tenga en cuenta el poder adquisitivo del SMI en relación al coste de la vida y la composición de los hogares, el nivel general y la distribución de los salarios en el país, la tasa de crecimiento salarial a nivel nacional y la productividad nacional junto a su evolución a largo plazo.

A la hora de fijar el salario mínimo, la norma establece que los países miembros de la UE deben adecuar el SMI a valores de referencia comúnmente utilizados a escala internacional, de manera que el SMI se sitúe en el 60% de la mediana salarial bruta y el 50% del salario medio bruto.

Además, la Comisión Europea insta a los países a que garanticen una participación efectiva de los interlocutores sociales en la fijación de salarios, promoviendo la negociación colectiva, y recomienda que en aquellos países en los que menos del 80% de la plantilla esté amparada por un convenio colectivo se haga efectivo un plan de acción que aumente esta cobertura.

De igual manera, pide a los Estados miembros de la UE una actualización periódica del salario mínimo legal al menos cada dos años y, en los Estados en los que existen mecanismos de indexación automática o semiautomática, por lo menos cada cuatro años.

La Directiva establecía el 15 de noviembre de 2024 como plazo máximo para que los estados miembros adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta norma.

LOS SINDICATOS QUIEREN ABORDAR LA ABSORCIÓN DE PLUSES EN ESTA MESA

Por su parte, CCOO y UGT pretenden abordar en esta mesa de diálogo social ciertas cuestiones que quedaron pendientes en el último acuerdo para subir el SMI y que hicieron a los sindicatos aceptar un alza menor de la que reivindicaban.

Así, quieren abordar los criterios de aplicación de la compensación y absorción como consecuencia del incremento del SMI en relación con los complementos o pluses que tienen los trabajadores; la actualización de manera automática de los salarios en convenios que puedan verse afectados por el salario mínimo y cómo actualizar las cuantías diarias y por hora del SMI si se rebaja la jornada.

«Somos conscientes de que los temas que hemos planteado para su debate son de mucha envergadura (…) y no podemos esperar a subir los salarios a aquellas personas que están en el SMI», aseguraron desde CCOO.