El director de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, ha comparecido en la comisión parlamentaria de control de los medios públicos a falta de pocos días para que entre en vigor la nueva ley del ente, cuya denominación cambiará. También ratificará la expiración de su mandato y se activará el procedimiento para renovar su cargo y del consejo de administración.

Una cuestión que ha sobrevolado en el debate de este viernes en la Cámara autonómica, donde la diputada del BNG Mercedes Queixas, que ha preguntado a Sánchez Izquierdo sobre el apoyo de la CRTVG a la producción audiovisual gallega, ha afeado una «tramitación fugaz» planificada, ha dicho, para que «permita al PP jubilar» al actual director de la corporación y nombrar a alguien «solo con sus votos».

Sánchez Izquierdo, que supera los 75 años, ha arrancado su réplica con una «broma» al respecto: «No me jubilan, soy yo quien se jubila, por razones obvias». Y si Queixas ha incidido en que el PP «maneja» la CRTVG, extremo que ha compartido en una pregunta posterior Carmen Rodríguez Dacosta, el director xeral ha rechazado esta visión con contundencia y con el foco en sí mismo.

«Usted (se ha dirigido a Queixas) parte de un principio básico absolutamente equivocado, que el PP maneja a este director xeral, y nada más lejos de la realidad. Pero nada más lejos de la realidad. Algún día sabrán por qué lo digo», ha esgrimido, antes remarcar que, sin la base de esta interpretación, «todo el argumentario se desvanece».

En abril, la ley que regirá la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia –CSAG– entrará en vigor y en el plazo máximo de tres meses, la Mesa del Parlamento de Galicia aprobará, conforme su reglamento, las normas reguladoras del procedimiento para elegir a la nueva persona titular de la Dirección Xeral y de los miembros del consejo de administración de la Corporación.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Durante la intervención, Queixas ha preguntado al director xeral sobre las medidas que prevé poner en marcha la CRTVG con el fin de «incrementar la transparencia» y de reforzar la dotación económica que destina a la producción audiovisual gallega.

La parlamentaria del BNG ha denunciado que la CRTVG «no cumple» con «el porcentaje del 6% su presupuesto» que debe destinar «por ley» a impulsar la producción audiovisual gallega y ha añadido que el sector «ni siquiera sabe» en 2025 con qué cantidad va a contar. Además, ha pedido «claridad y transparencia» en la selección de proyectos, tras apuntar que se percibe «oscurantismo y discrecionaldiad».

«Es fundamental que todo el sector conozca las reglas del juego», ha esgrimido, antes de que el director xeral de la CRTVG tomase la palabra. Lo hizo para, además de recalcar que sí se «cumple» la normativa, para aclarar que la CRTVG «no da subvenciones», y reivindicar «el firme compromiso con la transparencia en todas sus áreas» de la corporación.

«La situación está a años luz de lo que nos encontramos en la vieja compañía, una situación de caos contable. Pusimos orden y habilitamos mecanismos de control», ha aseverado, antes de incidir en que el departamento de contenidos «no es una excepción» y de recordar que existe «una comisión de programas que no decide al azar, sino en función de criterios previamente debatidos y estructurados».

ACUSACIONES CRUZADAS DE «DESGALLEGUIZACIÓN» Y «BULOS»

Por su parte, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado la «política de desgalleguización encubierta» en los medios públicos gallegos por permitir «la realización de las pruebas de acceso en castellano por primera vez en la historia del ente».

Y en términos más generales ha acusado a la dirección del ente de aplicar cuna política lingüística «de mínimos» para «contentar a la derecha más reaccionaria», al tiempo que ha censurado la «reducción del gallego en los contenidos» convencida de que se aplica «un modelo de televisión al sesrvicio del PP y no de la cultura gallega».

El director xeral ha respondido que «decir que se puede trabajar en la CRTVG sin saber gallego es un bulo». Sánchez Izquierdo ha reiterado los argumentos que dio el ente desde que A Mesa pola Normalización Lingüística hizo la denuncia y ha insistido en que, al margen de adecuar «a la ley vigente» los requisitos del proceso en el apartado del idioma, es necesario acreditar el conocimiento del gallego como condición «imprescindible» para poder acceder a los puestos.

De hecho, ha enfatizado que, en el caso de la categoría de redactor o redactora, los aspirantes tienen que pasar una prueba de gallego que tiene carácter «eliminatorio». «Decir que se puede trabajar en la CRTVG sin saber gallego es uno de los mayores bulos y, posiblemente también de los más absurdos, que se crearon en los últimos tiempos alrededor de la corporación», ha aseverado.

«Basta con leer las bases del concurso para saber que eso es falso», ha sentenciado y ha concluido haciendo un llamamiento a que, desde los puestos de responsabilidad, «no se fomenten esta clase de noticias falsas».