La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha remitido una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en la que se muestra en contra de la selección de la mina de litio de Doade, en el municipio ourensano de Beariz, como uno de los 47 proyectos estratégicos de materias primas críticas en Europa. «Galicia no puede ser territorio de expolio para satisfacer los intereses bélicos de la UE», afirma.

En un comunicado, Miranda advierte a la Comisión Europea de que «es fundamental» que los recursos «estén bajo la estricta tutela de autoridades públicas competentes, sujetas un control democrático y transparente con salvaguardias medioambientales y sociales».

«No puede ser que se utilicen las políticas de rearme para lanzar proyectos estratégicos en territorios ricos en minerales, blanqueando el rearme», opina Ana Miranda, quien defiende que se debe garantizar la participación de las comunidades locales en los procesos que se abran.

Por este motivo, solicita una reunión con el vicepresidente Séjourné para dar voz a las comunidades locales afectadas, «que pueden acercar una visión valiosa» sobre cómo desarrollar proyectos sostenibles y circulares sin un impacto ambiental negativo.

El Bloque sostiene que «el extractivismo no es la respuesta para alcanzar la soberanía europea en materias primas críticas en el actual contexto geopolítico de rearme». «Galicia es en estos momentos un claro ejemplo a nivel europeo de la atención suscitada en la industria minera transnacional por el acceso a los recursos de minerales estratégicos, que hasta hace poco fueron considerados de escaso interés de explotación», remarca la organización nacionalista.

Miranda alerta de que «el objetivo no es beneficiar directamente a estos recursos, sino ceder la concesión para su aprovechamiento mediante venta, absorción o inclusión en su accionariado como socia capitalista de grandes transnacionales mineras o de constructoras que en Galicia encuentran un panorama legislativo y administrativo muy favorable a sus intereses, promovido por el Gobierno del PP con las leyes de depredación extractivistas».