El PP ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre si el reciente acuerdo entre el Gobierno y Junts para repartir a menores migrantes no acompañados respeta el principio de solidaridad.

Así, en una pregunta parlamentaria, presentada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, subrayan que el reparto «amañado» prevé que Cataluña, que cuenta con ocho millones de habitantes, acoja «únicamente» entre 20-30 de los 4.000 menores migrantes no acompañados actualmente en Canarias.

Mientras, Montserrat ha criticado que la Comunidad de Madrid, con sus siete millones de habitantes, o Andalucía con sus ocho millones, deberá recibir más de 700. En este sentido, ha indicado que la diferencia es que «Cataluña está gobernada por el partido socialista, mientras Madrid está gobernada por el PP».

«Las cifras muestran claramente que este reparto con tintes racistas y xenófobos se basa en criterios políticos espurios en lugar de principios objetivos de solidaridad y proporcionalidad, y plantea serias dudas sobre su compatibilidad con los valores y normativas de la UE en materia de asilo y protección infantil», ha asegurado.

Igualmente, Montserrat ha pedido a la Comisión que se pronuncie sobre si este acuerdo respeta el principio de solidaridad entre regiones y equilibrio en la gestión de la migración, tal como establece el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Además, ha reclamado qué medidas va a adoptar la Comisión para garantizar que la reubicación de menores migrantes en España se realice de acuerdo con criterios objetivos, capacidad de las regiones y respeto al interés superior del menor, tal como establece el Derecho de la UE y la Convención de Derechos del Niño.

«Este trato desigual evidencia el uso partidista que el Gobierno hace de la inmigración, priorizando acuerdos políticos con sus aliados separatistas antes que la justicia y el bienestar de los menores afectados», ha manifestado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE PROVOCAR UN «VERDADERO EFECTO LLAMADA»

Asimismo, Montserrat ha señalado que la gestión de la inmigración «no puede ser la bolita del trilero Sánchez en sus negociaciones con los independentistas». Además, ha dicho que este acuerdo «injusto» es «el colofón de la incompetente gestión y desidia del presidente Sánchez, que como es incapaz de atacar las causas profundas, ha hecho que se disparen las cifras de llegadas a España en un verdadero efecto llamada».

También ha denunciado la «situación límite» en la que se encuentra la frontera Sur de Europa, Canarias, Ceuta y Melilla, ante «un gobierno incapaz de actuar y de pedir más ayuda a Europa, pese a todas las posibilidades que ofrece la política de control de fronteras y gestión de migraciones».

Por su parte, el eurodiputado Zoido ha apuntado que hay una «contradicción importante» entre el Pacto de Migración y Asilo que votaron los socialistas españoles en el Parlamento Europeo hace unos meses, «donde la solidaridad entre territorios era una de las bases» y este acuerdo. «De repente, esa solidaridad entre territorios se ha esfumado; van a sacar a Cataluña del reparto para aguantar, una semana más, los siete votos de Junts», ha explicado.

Para Zoido, esta situación es más grave debido a «la falta de planificación del Gobierno de España, que reparte entre las comunidades autónomas los menores migrantes, como si se tratara de un mercado persa». Un reparto, ha añadido el eurodiputado, que se está haciendo «sin decir una palabra sobre los recursos que van a ofrecer a estas mismas regiones». Además, ha agregado que es «una señal inequívoca» de que la integración de estos menores en España es «lo que menos le importa al PSOE».

Esta es la segunda pregunta que el PP presenta a la Comisión sobre el acuerdo con Junts, después de la presentada para que Bruselas active la vigilancia sobre «la legalidad y las consecuencias» de la delegación de competencias a Cataluña para «impedir un deterioro de la seguridad de las fronteras de la Unión».

La Delegación del PP en el Parlamento Europeo considera que «la fragmentación administrativa en el control de fronteras, la concesión de visados o la gestión de autorizaciones de estancia puede comprometer la seguridad y el control migratorio dentro del espacio Schengen».