El Ministerio del Interior ultima con la Xunta de Galicia el convenio de la Unidad de Policía adscrita para esta comunidad autónoma, tras el reciente acuerdo firmado con Andalucía. Además, mantiene negociaciones con los gobiernos de Aragón y de la Comunitat Valenciana, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento ministerial.
Estas unidades dependen orgánicamente de la Dirección General de la Policía Nacional, aunque funcionalmente lo hacen de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas, según los convenios firmados.
Según determine el convenio con cada comunidad autónoma, la Policial adscrita asume funciones que van desde la seguridad de autoridades e instalaciones autonómicas, a la vigilancia en traslados de menores infractores, aspectos como el absentismo escolar o la protección del medio ambiente y el patrimonio.
CARTA DEL MINISTRO EN ENERO DE 2024
Las negociaciones con las autonomías gobernadas por el PP se han encauzado un año después del cruce de reproches y la remisión de una carta, en enero de 2024, en la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les conminaba a asumir la mitad del coste de estas unidades adscritas de la Policía Nacional.
En aquella carta, Marlaska contestaba a las quejas desde los gobiernos autonómicos del PP asegurando que era conocedor de las «dificultades» que generaba la no actualización de estas unidades.
«Estoy plenamente implicado en llevar a cabo cuantos esfuerzos sean necesarios para la conservación y recuperación de sus capacidades», apuntó el ministro del Interior.
En este sentido, Grande-Marlaska añadía que era «imprescindible» que las comunidades atendieran a la disposición de la Ley Orgánica 2/1986 para «coadyuvar a la financiación de las respectivas unidades adscritas mediante la cobertura de una cantidad anual equivalente al 50% de los costes del mantenimiento».
FIRMA CON ANDALUCÍA
Las negociaciones emprendidas por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad se materializaron con la firma del convenio con la Junta de Andalucía el pasado 13 de febrero.
El Gobierno andaluz se comprometió a sufragar ese 50% de las retribuciones del personal y asumir los gastos correspondientes a las inversiones y al mantenimiento de las instalaciones, así como de los medios técnicos y la contratación de servicios necesarios para que la unidad adscrita desarrolle su trabajo, según han recordado las citadas fuentes del Ministerio del Interior.
«Tras años de reivindicación y de ofrecimientos al Ministerio, hoy ya es una realidad gracias al diálogo y la lealtad institucional», aseguró el consejero andaluz de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz. El convenio incluye dotar en cuatro años de 270 nuevos efectivos a la Unidad de Policía Nacional adscrita, hasta alcanzar los 632 agentes.
NEGOCIACIÓN AL MÁS ALTO NIVEL CON GALICIA
Por su parte, la Xunta de Galicia y el Ministerio del Interior han iniciado negociaciones «al más alto nivel» para la renovación del convenio de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, según confirmaron el pasado 21 de febrero fuentes de ambos gobiernos.
Sobre la mesa está la financiación de esta unidad desplegada desde el año 1991 en Galicia, así como la dotación de más efectivos, una demanda que ha sido expresada en varias ocasiones por el Parlamento de Galicia.
