El sindicato CIG ha reclamado a las organizaciones políticas que se elabore, «de una vez», el reglamento de la ley de compensación a los afectados por el amianto, aprobado en octubre del año 2022, «aunque con muchas restricciones y sin cubrir adecuadamente las necesidades de los afectados», pero cuyo reglamento de aplicación está sin elaborar.
«El problema del amianto ha sido una preocupación constante para los sindicatos», ya que «durante años, en España no existía una legislación adecuada para compensar a las víctimas», ha explicado el secretario nacional de CIG Industria, Xoán Xosé Bouzas Aboi, en declaraciones a Europa Press.
El pasado viernes participó en un foro en Ferrol con el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego; la neumóloga Carmen Diego y el abogado de Asociación Galega de Víctimas do Amianto (Agavida), Víctor López.
Tras la aprobación de la ley de compensación, «uno de los compromisos era la creación de un reglamento en un plazo de tres meses», pero se queja de que en marzo de 2025 «todavía no existe dicho reglamento».
AFECTADOS EN AUMENTO
Según el representante de la CIG «el número de afectados ha seguido aumentando», sobre todo en sectores como el naval, la construcción y la obra pública, especialmente en la zona de Ferrol, una de las más afectadas, pues en la actualidad «muchos de los afectados tienen que recurrir a los tribunales para obtener compensaciones».
Actualmente, se ha iniciado la elaboración de dicho reglamento, pero «los principales problemas de la regulación son compensaciones insuficientes», ya que según Xoán Xosé Bouzas los tribunales han reconocido indemnizaciones mucho más altas. Lamenta «el acceso restringido, ya que quienes recibieron alguna compensación previa por empresas o aseguradora, quedan excluidos», además de «una falta de reconocimiento del agravamiento de la enfermedad, lo que deja fuera a quienes empeoraron con el tiempo».
Además, critica que el Gobierno quiere que los fondos que reciban los afectados, «en lugar de llamarles indemnizaciones, quiere que sean compensaciones», lo que obligaría a tributar y puede hacer que «las víctimas pierdan hasta el 50% de la cantidad recibida debido al IRPF».
Por último, Bouzas Aboi ha trasladado que en una reunión reciente se discutió esta situación con expertos y diputados, en la que se exigió que «el reglamento salga cuanto antes y garantice justas indemnizaciones para los afectados sin necesidad de recurrir a los tribunales, ya que la demora en la aplicación de la ley afecta gravemente a muchas personas, incluyendo viudas que ahora reclaman compensaciones por sus parejas fallecidas».
