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PP exige al Gobierno aclarar qué trámites hace para evitar una multa por la prórroga de la concesión de la AP-9 del 2000

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El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos Couñago, ha avanzado que, en el pleno de la próxima semana, los populares «reforzarán» sus demandas sobre la transferencia y la gratuidad de la AP-9, además de reclamar al Gobierno que informe de los trámites que está realizando ante la Comisión Europea (CE) para evitar la posible sanción por la prórroga de la concesión de la autopista concedida en el año 2000, cuando José María Aznar dirigía el Ejecutivo.

Alberto Pazos ha anticipado que la AP-9 «va a ser una de las grandes protagonistas» del pleno que se celebrará la próxima semana, en el que el Grupo Popular va a buscar, una vez más, la unanimidad del Parlamento gallego solicitando la transferencia de esta autopista a Galicia y su gratuidad.

En este sentido, ha lamentado que la tramitación de la proposición de ley solicitando la transferencia de la AP-9 «ya contabiliza 39 prórrogas en el trámite de enmiendas» en el Congreso de los Diputados, lo que, ha apuntado, evidencia «el desinterés de los socialistas, tanto gallegos como estatales, con especial protagonismo de la Mesa y de la presidenta del Congreso por desatender esta demanda unánime del Parlamento gallego».

«Debería darles vergüenza votar en Galicia tan orgullosamente a favor del rescate, la transferencia o la gratuidad de la AP-9 y después bloquear en el Congreso cualquier avance en la tramitación de la proposición de ley que ellos mismos votaron a favor», ha advertido.

Así, ha ratificado que se impulsará una iniciativa para «insistir en la gratuidad de la AP-9, tal y como se comprometieron los socialistas durante la campaña electoral» y que reivindicó «no hace mucho» el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. A su juicio, resulta «indignante» que esta autopista «sea la más cara de España» y haya subido «más del doble sus tarifas que las principales vías de pago de toda Europa».

Pazos ha recalcado que, en el pleno, se incluirán dos nuevas solicitudes al Gobierno de España respeto de la AP-9. En primer lugar, que elabore con urgencia y haga público un informe que evalúe, como mínimo, los costes del rescate de la autopista, de la implantación de la gratuidad y de la aplicación de las bonificaciones de los peajes hasta el final de la concesión.

«Consideramos que su negativa a proceder al rescate de esta autopista, como afirmó la semana pasada en el Congreso a secretaria de Transportes del Ministerio, debe sustentarse en datos y no en meras especulaciones», ha argumentado.

Asimismo, ha exigido la elaboración urgente de este documento «teniendo presente que, con las cifras que se recogen en el informe encargado por la Xunta la una consultora de prestigio en este ámbito, el costo estimado de la indemnización por el rescate, aplicando una tasa de descuento, que rondaría el máximo de 2.330 millones de euros, se asemeja bastante al costo de las bonificaciones hasta el final de la concesión».

«Sería una nueva demostración de la nula gestión del Gobierno de Pedro Sánchez continuar aprobando bonificaciones de los peajes en la AP-9 se resulta más barato indemnizar a la concesionaria el costo del rescate de la autopista y que la AP-9 pase su gestión a manos públicas», dijo.

REUNIÓN BILATERAL

Por último, Pazos ha remarcado que en el próximo pleno también se pedirá «transparencia» al Gobierno central y que «informe sobre las negociaciones y los trámites que lleva a cabo ante la Comisión Europea para evitar la posible sanción por la prórroga concedida a la concesionaria de la AP-9 en el año 2000».

«Pedimos que el Gobierno dé cuenta de su posicionamiento frente a los requerimientos de la CE, al tiempo que atienda las solicitudes realizadas desde el Gobierno gallego para celebrar un encuentro bilateral en el que podamos conocer de buena tinta las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez respeto de la transferencia y eliminación de los peajes en la AP-9, así como la situación en la que se encuentran las negociaciones que está llevando a cabo con la CE sobre la concesión realizada en el año 2000», ha finalizado.

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