El Juzgado de lo Social Número 2 de Ourense ha emitido, con fecha del 17 de marzo, una sentencia que determina que el Ayuntamiento de Ourense y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), deberán pagar «de forma conjunta y solidaria» a una funcionaria 30.000 euros en concepto de «indemnización por daños morales» y otros 18.685,25 como indemnización por su incapacidad temporal.

En concreto, el fallo estima parcialmente la demanda formulada por Stella González, funcionaria y ex jefa del servicio de Comercio en el Consistorio, contra el Ayuntamiento y el regidor.

Así, la sentencia declara que el Ayuntamiento y Jácome han infringido la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con esta funcionaria, «procediendo el cese de toda conducta que constituya infracción de normas preventivas y que continúen provocando un daño a la salud de la demandante».

En sus hechos probados, la sentencia recoge como, años atrás –en una etapa en la que era concejala María Dibuja–, el regidor la presionaba para que la funcionaria en cuestión resolviese «como él quería» determinadas cuestiones.

También que «delante de otros trabajadores dijo a la (entonces) concejala que la actora era inepta, inútil, subnormal; mandó a la feria de luces en Alemania a un amigo suyo y a un asesor ninguneando a la actora; y pidió a otras personas hacer informes que tenía que ella tenía que realizar».

El Ayuntamiento de Ourense ha avanzado que presentará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En un comunicado, el gobierno local sostiene que no comparte la resolución judicial y confía en que el alto tribunal valore sus argumentos. El alcalde ha secundado el mismo mensaje.

«NUNCA SERÍA CULPA DEL ALCALDE»

«El Ayuntamiento y un servidor recurriremos al TSXG por la sentencia que establece que el Ayuntamiento ha infringido la normativa de prevención de riesgos laborales», sostiene Jácome, por su parte, en su perfil de la red social ‘X’.

«Algo que, de ser cierto, nunca sería culpa del alcalde (que se limitó a resolver sobre la base de dos informes técnicos) sino, en todo caso, un supuesto fallo de la maquinaria administrativa municipal», agrega.

REACCIONES

Desde la oposición, las críticas han sido contundentes. Luis Seara, del BNG, ha calificado a Jácome de «alcalde acosador» y ha denunciado un «clima laboral insostenible» en el Ayuntamiento, con tres sentencias por acoso y «miles de euros en indemnizaciones que deben asumir los ciudadanos».

El grupo nacionalista, reclamó que el alcalde «pague de su propio bolsillo» las cantidades fijadas por los tribunales y que no recaigan en las arcas municipales en concepto de indemnización para que recaiga sobre toda la ciudadanía.

Por su parte, el Partido Popular ha instado al regidor a «respetar a los trabajadores municipales y garantizar un entorno laboral libre de presiones y humillaciones», además de objetar que esta nueva sentencia confirma un comportamiento reiterado.

«El alcalde debería ser el primero en garantizar un ambiente de trabajo digno y respetuoso», ha esgrimido la portavoz popular, Ana Méndez, quien ha criticado la política de personal del gobierno local, que se traduce «en un mayor gasto público y en una deficiente prestación de servicios.