El Pleno del Congreso ha dado este martes en primer paso para bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2, y prohibir la difusión de la ubicación de controles policiales en redes sociales.

Con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP, el Congreso ha tomado en consideración una proposición del ley del PSOE que modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Según los socialistas, estas propuestas «no tienen un enfoque represivo, sino que persiguen, como es propio de cualquier sociedad moderna y democrática, que sus ciudadanos puedan ejercer con seguridad su derecho a la libre circulación sin ver comprometidas su vida y su integridad física, todos ellos derechos fundamentales reconocidos» por la Constitución.

En el texto, recogido por Europa Press, se añade el párrafo z4) al artículo 76, que considera infracciones graves conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre. Las infracciones cuando la tasa de alcohol exceda la permitida serán sancionadas con multa de 1.000 euros.

En España, según un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 33% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban resultados positivos de alcohol en sangre y también el 29% de los peatones fallecidos. Según otro informe de la Fiscalía General del Estado, en el año 2023 se registraron 50.071 condenas penales por conducir con altas tasas de alcohol. Por otra parte, en las pruebas de alcoholemia realizadas a conductores implicados en siniestros de tráfico en el primer semestre del 2024, el 5,61% dieron resultados positivos.

«Las investigaciones disponibles demuestran que el consumo de alcohol, aun en cantidades relativamente pequeñas, aumenta la probabilidad de que se produzca un accidente y también empeora la gravedad del accidente. Los conductores con una tasa entre 0,05 y 0,25 miligramos por litro de aire espirado (0,1 y 0,5 gramos por litro en sangre) tienen hasta tres veces mayor riesgo de accidente mortal, cuando se les compara con conductores sobrios», señala el PSOE, que recuerda que las actuales tasas datan de hace 25 años.

MARLASKA LO AVANZÓ EN SEPTIEMBRE

En septiembre de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba su intención de promover esta reforma legal al entender que la «sociedad española está madura» para aceptar este cambio y en atención a la solicitud de las asociaciones afectadas por la «violencia vial». «En más de la mitad de los siniestros aparece el alcohol o drogas como determinante», dijo en un desayuno informativo en Madrid.

De hecho, tras el anuncio de Grande-Marlaska, victimas, automovilistas y expertos aplaudieron que el ministro del Interior apostara por iniciar los trámites parlamentarios para bajar la tasa de alcohol en sangre a 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre, frente al 0,5 actual. Desde Automovilistas Europeos Asociados, su presidente Mario Arnaldo valoró «muy positivamente» la iniciativa e indicó a Europa Press que, «desde hace muchos años», la asociación viene propugnando «una tasa 0,0, aún mayor».

Por otro lado, se añade el apartado 7 al artículo 13, por el que se prohíbe la difusión por cualquier medio, público o privado, de todo dato o información relativa a la ubicación de controles policiales de alcohol y drogas, así como de cualquier otro establecido por razones de seguridad vial.

CONTROLES DE ALCOHOL Y DROGAS

«La vigilancia efectiva, el control policial y el cumplimiento de las sanciones y de las penas son el mejor instrumento para transmitir el mensaje de que el cumplimiento efectivo de la ley, para lo cual son instrumento esencial los mencionados controles, en especial de alcohol y drogas, es la garantía del ejercicio de nuestra libertad constitucional de circulación y de la tutela de otros bienes jurídicos como son la vida y la integridad física», argumentan.

En este sentido, defienden que una sociedad democrática avanzada «no puede ni debe tolerar la existencia de grupos organizados que utilizan las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, como instrumento para proteger la impunidad de una minoría de personas conductoras peligrosas y contumaces, frecuentemente causantes de siniestros viales, mediante la difusión de avisos cuyo contenido advierte de la situación de dichos controles policiales, en especial de los de alcohol y drogas, con la finalidad de que puedan evitarlos».

Además, el PSOE cree que el ejercicio del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión «no puede poner en peligro la vida, la integridad física y la libertad de circulación en condiciones de seguridad de los demás».