El PSOE ha comunicado la expulsión definitiva del Grupo Municipal Socialista a los ediles de Santiago de Compostela Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, que ya avanzan que acudirán a la justicia ordinaria «vía civil e incluso penal».

Según fuentes consultadas por Europa Press, se eleva a firme la resolución de expulsión de Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez por no acudir a la convocatoria para designar a Gumersindo Guinarte portavoz del Grupo en sustitución, precisamente, de Gonzalo Muíños.

También se eleva a firme la suspensión de militancia de Muíños por «indisciplina reiterada» a raíz del conflicto con la agrupación local que estalló tras el pleno del mes de junio en el que todos los ediles votaron a favor de una ordenanza sobre la regulación de las viviendas de uso turístico, en contra de la directriz marcada por la dirección local, capitaneada por Aitor Bouza.

Después de alegar contra la expulsión, los cuatro concejales del Grupo Municipal presentaron recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, que este viernes ha ratificado las sanciones, por lo que la expulsión es definitiva.

«SOMOS SOCIALISTAS»

En un comunicado, los cuatro ediles expulsados reafirman su condición de «socialistas», algo que, añaden, «no hay resolución ni decisión de organización que lo pueda cambiar» porque «ser socialista implica creer en un mundo más justo y defender una sociedad basada en la igualdad».

«Nosotros seguiremos defendiéndolos con nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Santiago hasta el 2027, cumpliendo el compromiso alcanzado con nuestros vecinos que nos apoyaron en las últimas elecciones locales», sostienen.

Asimismo, lamentan que en las últimas semanas y meses se hayan difundido «informaciones falsas» y que se los haya acusado de «incumplir normas de funcionamiento del partido».

IRÁN A LA JUSTICIA

Por todo ello, aseguran que se ven en la obligación de «defender la verdad de lo ocurrido en otro foro» y avanzan que acudirán a la justicia ordinaria «vía civil e incluso penal». Y lo harán, añaden, «por dignidad» y para defender su «integridad», así como porque no están dispuestos a permitir que «de forma arbitraria alguien decida quien puede o no ser socialista en función de sus preferencias personales».

«No estamos dispuestas a bajar los brazos ante unas presiones constantes que, desde antes incluso de tomar posesión de nuestras actas de concejalas, buscaron nuestro renuncia para hacer hueco. El ‘quítate tú para ponerme yo’ de toda la vida», censuran.

Ante esta cuestión, se muestran convencidos de haber hecho las cosas bien y de actuar «en todo momento» respetando las normas del partido, pero «poniendo por delante de los intereses partidistas los de las vecinas y vecinos de Compostela» a los que, insisten, representan «con mucho orgullo» y van a defender «la verdad de lo que ha ocurrido». «No solo por integridad, sino porque como demócratas, tenemos la obligación de defender las reglas de la democracia representativa», exponen.

También porque, «otra cosa», puntualizan, «implicaría otorgarle a ciertas personas un dominio arbitrario de una organización que debiera responder a un funcionamiento democrático, en el que todas y todos pudiésemos sumar al objetivo conjunto de hacer una Compostela mejor».

CRITICAN LA «URGENCIA» DEL PROCESO

Para los concejales expulsados, tal y como advirtieron el miércoles en rueda de prensa Mila Castro y Mercedes Rosón, el hecho de que se ratifique la expulsión esta semana supone que el proceso «ya no respondería a unos criterios temporales de garantía, sino a los intereses de unos pocos que estuvieron marcando los plazos durante todo este proceso».

Ahora, lamentan, «no es la Comisión Federal de Ética y Garantías quien ratifica la expulsión, sino solo dos de sus miembros, presidente y secretaria, alegando la urgencia de la decisión».

Respecto a esta urgencia, los ediles compostelanos reprochan que «no se aprecie en otros expedientes abiertos en la provincia, en Galicia y en el Estado» que están pendientes de resolución firme «desde hace meses, ante mociones de censura de la mano del PP o presuntos casos de corrupción» que, añaden, «en algún caso, están provocando un enorme daño a la reputación de las siglas».

«Parece que los criterios no son los mismos para todas y todos: ni igualdad ni fraternidad», critican antes de subrayar que acudirán a la justicia con «fuerzas renovadas» tras el apoyo de «más de 800 personas que han suscrito» una carta de apoyo a los cuatro concejales.