El diputado del PSdeG Carlos López Font ha atribuido «dejadez» al Gobierno gallego en materia de apoyo al alquiler de vivienda, para lo que ha remitido a los datos conocidos este martes: 12.258 de las 16.740 solicitudes de la convocatoria de 2024 fueron denegadas, «siete de cada 10».
Por su parte, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en respuesta a la interpelación del socialista en el pleno del Parlamento, ha puesto el foco en los «casi 5.000» beneficiarios –en concreto fueron concedidas 4.482 de estas subvenciones, hasta agotar el crédito, que era de 10 millones: 5 puestos por el Ejecutivo central y 5 por la Xunta–.
En su turno, López Font ha pedido «esfuerzo presupuestario» e «implicación» a la Xunta, frente a lo que considera que hace: «dejan tirados en 2022 y lleva el mismo camino en 2025 a miles de jóvenes en el programa bono alquiler joven que es tan importante».
Por su parte, la conselleira ha ironizado sorprendida con que «mencione las medidas del Gobierno –central– como ejemplares». «La juventud y toda la sociedad precisa de respuestas que el estado no está dando y estamos perdiendo la esperanza», ha criticado.
Enfrente ha situado a Galicia, que «es diferente» con «un gobierno estable y comprometido» en materia de vivienda. En este sentido, ha reivindicado «esfuerzo autonómico» para apoyar al alquiler y ha resaltado que fueron adjudicadas el 100% de las ayudas. «Casi 5.000 personas se beneficiaron con posibilidad de pedir prórroga este 2025», ha indicado.
En cuanto al bono alquiler joven –en el que ha centrado su intervención el portavoz del PSOE gallego–, la responsable de Vivenda ha censurado este programa por estar «regulado fuera del plan estatal» y llegar «con escasos fondos» y «tarde».
En todo caso, ha apuntado que «son ya 5.603 las solicitudes» antes de que concluya el plazo, y ha rechazado «generar expectativas» que después no se correspondan con el crédito.
En la réplica, Allegue ha reprochado al Ejecutivo central «concesiones directas» a algunas ciudades como Barcelona e Ibiza y ha asegurado que es «un insulto» que las comunidades «tengan que pasar por el aro de la financiación singular» de Cataluña.
