La secretaria general de Transportes Terrestres, Marta Serrano, ha insistido en que «no es viable» el rescate de la AP-9, como le ha reclamado el PP en el Congreso, por el «altísimo volumen de gastos que ello conllevaría», advirtiendo de que no son asumibles ahora mismo por el Estado porque «tendría unos efectos lesivos muy importantes».
Así se ha pronunciado la secretaria general del Ministerio de Transportes durante una comisión en el Congreso al ser preguntada por el PP por un eventual rescate de esta Autopista del Atlántico. En este contexto, Serrano ha culpado al Gobierno del PP de prolongar la concesión.
Por su parte, el diputado del PP Celso Luis Delgado ha acusado al Gobierno de «no estar respetando» la división de poderes respecto a la gestión de la autopista AP-9.
Desde Transportes, defienden que la situación actual de la Autopista AP-9 se debe a «una serie de decisiones adoptadas por un gobierno del Partido Popular», siendo una prórroga de la concesión en el año 2000 por 25 años, así como la venta de dichas concesiones en el 2003.
«La AP-9 es la autopista con mayor duración que tenemos ahora mismo en España, con un contrato concesional con una duración total de 75 años y unas tarifas establecidas, establecidas por ustedes también», ha sentenciado Marta Serrano en la comisión.
Mientras tanto, los ‘populares’ han acusado al Gobierno de bloquear en el Congreso la tramitación de la iniciativa para que esta AP-9 sea transferida a la Xunta, que en la actual legislatura acumula 22 prórrogas.
BLOQUEO
Delgado ha acusado al Gobierno de «boicot» frente a la transferencia de la Autopista AP-9. «Ya son 38 prórrogas desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno», ha señalado el diputado durante la comisión.
El pasado miércoles, una demanda unánime en torno a la AP-9 salió desde el Parlamento de Galicia, pidiendo el ‘fin del bloqueo’ del Congreso hacia el cambio de titularidad de la autopista en favor de la Xunta de Galicia.
El texto se centra en una demanda de exploración de vías jurídicas por parte del Gobierno para la anulación de la prórroga y para evaluar los costes económicos que tendría para el estado la asunción de la cesión directa.
