El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con el objeto de crear un fondo social de vivienda.

La Cámara Baja decidirá si toma en consideración esta la ley, que fue auspiciada por Esquerra Republicana en el Parlament y que tiene por objeto garantizar el retorno social del rescate bancario, que tuvo un impacto de miles de millones de euros en las arcas del Estado.

Según se recoge en la iniciativa, la crisis financiera de 2008 llevó a una «ambiciosa» intervención del Estado para reestructurar la banca y asegurar la liquidez de las entidades bancarias y el sistema financiero a nivel estatal, lo que implicó un coste de más de 64.000 millones de euros, asumidos en parte por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Pero el texto subraya que, pese a que el Estado actuó con diligencia y rapidez para rescatar a la banca, no se produjo un rescate de la ciudadanía, que sufrió las consecuencias de las decisiones tomadas por los responsables de las entidades bancarias antes de la crisis y durante ella. «Se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis y no se hizo nada para reparar las consecuencias de su gestión que sufrían y sufren miles de personas», apostilla la proposición de ley.

MEDIDAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CATALÁN

En este contexto, la ley recoge algunas de las propuestas emitidas por el defensor del pueblo catalán (síndic de greuges) para corregir la «grave deficiencia» que se produjo en el rescate bancario, garantizando un retorno social que sirva para ayudar a cubrir las necesidades urgentes de la ciudadanía en materia de vivienda.

La principal propuesta pasa por que la Sareb destine parte de sus viviendas al alquiler social y se cree un parque de vivienda social que permita dar respuesta a la «grave situación de emergencia residencial de los últimos años». También se plantea que la sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables.

Asimismo, la ley tiene por objeto reformar la ley de estabilidad presupuestaria para que las administraciones en materia de vivienda, como los ayuntamientos, dediquen puedan dedicar el dinero de generado con el ahorro de deuda (superávit) a inversiones en vivienda y así puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto en la transmisión de viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria.