Las oposiciones al cuerpo de veterinarios de la Xunta de Galicia están entre las pruebas que más tardan en anunciar sus convocatorias. Las primeras fueron en 1993, las segundas en 2005 y las últimas son de 2018, de las que ya se han anunciado como definitivo el baremo de puntuaciones para estas pruebas. Entre unos exámenes y otros han pasado doce y trece años respectivamente. Según los estándares para convocatorias son períodos bastante largos para resolver la incorporación de personal funcionario mediante pruebas de libre acceso, concurso-oposición o consolidación mediante vía laboral.

UN PROCESO SIEMPRE POLÉMICO

El último proceso abierto se comenzó a redactar en 2017 y no fue hasta el pasado 18 de octubre, cuando se dieron por definitivos los resultados. Dos años con sus polémicas, con cambios dentro de los tribunales evaluadores, solicitud de cambio para los borradores de las pruebas y división sindical en la mesa de negociación con la Xunta para aprobar la celebración de los exámenes. Aun así, ya se está trabajando en el borrador para el siguiente proceso.

A nivel logístico y de preparación, los y las aspirantes a ocupar una plaza en veterinaria de la Xunta de Galicia, estiman que el período para la preparación de los temas es muy corto desde el anuncio y la realización de los exámenes. “Desde la publicación de la convocatoria hasta la realización de las pruebas sería necesario un período de preparación mínimo de doce meses” dice Emilio Doforno de la Sección Autonómica de CCOO.

Otra cuestión es la falta de regularidad entre las convocatorias. Así tenemos que desde la reestructuración a partir de la entrada en la UE, cuando los veterinarios pasaron a ser parte de la función pública, “solo se convocaron tres procesos selectivos, uno en 1993, cuando entramos los primeros, año 2005 y lo de 2018” dice Manuel Jiménez veterinario y presidente de la Asociación de Veterinarios Funcionarios de la Xunta.

Una consecuencia directa de esta dilatación temporal entre unas pruebas y otras, es que las vacantes que van apareciendo deben cubrirse con personal interino. “Si convocas oposiciones en 2005 y no convocas otras hasta el 2018, esos interinos tienen catorce años de antigüedad” dice Jiménez.

Otro “obstáculo” es la densidad de los temarios y programas para estos profesionales. “Tenemos muchas normas, ten cuenta que la UE es el espacio sanitario más exigente en todo el mundo, donde la normativa es muy amplia y muy difícil”, describe Manuel Jiménez, que recoge la queja de que los programas para este cuerpo son “muy superiores a los de otros cuerpos de la Función Pública y de la misma categoría”.

¿POR QUÉ TANTA POLÉMICA?

El origen de las polémicas sobre el acceso a la veterinaria de la Xunta está en el descubrimiento de veterinarios que trabajaban como falsos autónomos desde 1996 hasta 2000. Las tareas que realizaban eran de saneamiento ganadero, pero una vez que Inspección de Trabajo analizó su régimen laboral, resolvió que estos profesionales formaban parte del personal de la administración autonómica. “Hablamos de cuando era Consellería de Agricultura y estaba dirigida en aquel momento por Diz Guedes” dice Emilio Doforno.

Los veterinarios habían sido dados de alta de oficio en la administración autonómica, pero “Diz Guedes se empeñó en decir que esos trabajadores no consolidarían su posición dentro de la estructura de la Xunta” recuerda Doforno. La solución de la Consellería fue despedirlos. “Los costes del despido fueron muy elevados y los afectados recurrieron y ganaron la readmisión”.

Desde ese momento se produce una cadena de hechos negativos. Hubo problemas para reconocer los servicios prestados como falsos autónomos y reconocerles sus trienios. Otro tanto sucedió para reconocerles el tiempo trabajado en la Xunta al momento de hacer oposiciones.

Al final de una serie de pruebas, un tribunal emite una lista de veterinarios aprobados que son «nombrados« funcionarios. “Unos años después otra sentencia decide “ desnombrarlos”, porque le dio la razón a otros veterinarios que reclamaron tener más derechos sobre los recién nombrados” explica Doforno. En total habían sido más de cuarenta veterinarios los que habían perdido la condición de funcionario. Todo esto dio inicio a una serie de reclamaciones y contrareclamaciones en los juzgados.

¿Y LA SOLUCIÓN?

No se ha solucionado. No obstante, “los hay (veterinarios) de ese grupo que van aprobando procesos, pero la cuestión principal no se ha solucionado en su totalidad” dice Doforno. Según estimaciones de fuentes sindicales, hay más de veinte personas afectadas aún por estos acontecimientos. Ahora mismo serían interinos, después de serles retirada la condición de funcionarios. “Esto no es fácil de entender para quien no esté dentro”.

También hay unos noventa profesionales bajo la categoría de laboral, que están pendientes de consolidar su puesto. “Un acuerdo al que habíamos llegado en 2008 con el bipartito, y que no se ejecutó. Esos tendrán un proceso distinto” señala Doforno. “Tienen una “disposición” dentro del convenio que los ampara para hacer la consolidación de empleo vía personal laboral”.