La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas del régimen común, pese a que los consejeros del Partido Popular abandonaron la reunión poco después de empezar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal, la titular de Hacienda ha cargado contra la «deslealtad inédita» de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. «Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero, cada consejera, cada cargo público», ha lamentado la ministra.

Montero considera que este Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido «histórico» ya que «nunca» se había debatido una propuesta «tan trascendente, tan generosa, tan valiente, para la finalidad del Consejo».

Por eso, cree que este día «va a perseguir durante mucho tiempo al Partido Popular y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto la total falta de sentido de Estado del PP».

La ministra ha explicado que esta aprobación es un primer paso necesario para poder seguir avanzando en esta medida, «que es inédita y que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas y a todos sus ciudadanos».

La aprobación de esta propuesta solo necesitaba el voto de una sola comunidad autónoma, pese al rechazo de las regiones del PP, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña han avalado la medida planteada por el Ejecutivo.

Eso sí, el planteamiento de condonación de la deuda se tendrá que materializar posteriormente a través de una ley orgánica, que se someterá a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación. La ley orgánica supone que el Gobierno necesita la mayoría absoluta de las Cortes.

María Jesús Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, aunque el primer paso ahora será las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.

Esto implica que, en paralelo, el Gobierno empiece a hablar con los grupos políticos para que este proyecto de ley se pueda aprobar, teniendo en cuenta que el PP «va seguir en esta actitud infantil, y de irresponsable, del no a todo», ha augurado la ministra.