MADRID, 24 (OTR/PRESS)
El Gobierno necesitará el voto de una sola comunidad autónoma para aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta para condonar 83.252 millones de deuda autonómica pese al rechazo de las comunidades del PP, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. Este apoyo podría venir incluso de Cataluña o de otra región que esté de acuerdo con la quita de deuda.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado este lunes la propuesta que elevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades, después de haber negociado con ERC el porcentaje que le correspondería a Cataluña.
En este contexto, el voto del Gobierno catalán presidido por el socialista Salvador Illa podría ser decisivo para validar la propuesta de condonación de deuda a las comunidades, aunque este planteamiento se materializará posteriormente en una ley orgánica que tiene que ser aprobada por las Cortes.
EL GOBIERNO TIENE LA MITAD DE VOTOS EN EL CPFF
Lo habitual es que el Gobierno acabe ganando las votaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que el Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos, mientras que los representantes de las comunidades y las ciudades autónomas disponen cada uno de ellos de un voto.
Según ha detallado Montero en la rueda de prensa de este lunes, esta propuesta de condonación de deuda se someterá al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que podría salir adelante con el voto del Gobierno y el de Cataluña u otra comunidad.
Y es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a este planteamiento de Montero confirmando que sus ‘barones’ votarán en contra de la condonación de deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, apostando por una reestructuración del déficit, aunque puede salir adelante pese a su ‘no’.
Sin embargo, el planteamiento de la condonación de la deuda se tendría que materializar a través de una ley orgánica, que se sometería a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación.
