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Pleno.- La Xunta defiende la ley de acompañamiento para una «mejor eficacia», mientras la oposición critica su «abuso»

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La ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta, continúa su trámite parlamentario al rechazar el PPdeG las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición.

En su intervención, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha defendido el uso de la ley de acompañamiento para una «mejor y más eficaz ejecución del programa del gobierno».

Enfrente, la oposición carga contra el «abuso» de esta herramienta por modificar unas 30 normas, incluidas «tres leyes» aprobadas este mismo año.

Entre los diferentes cambios, se incluyen rebajas fiscales como «eliminar prácticamente» el impuesto de sucesiones, así como en la adquisición de segundas viviendas «en zonas poco pobladas» y una deducción verde en el IRPF, entre otras.

Además, hay modificaciones administrativas como crear 22 nuevas escalas de personal funcionario, un nuevo sistema público de gestión de biomasa, prorrogar las restricciones para abrir nuevos salones de juego, favorecer la caza de jabalí, así como establecer al gratuidad de guarderías de 0 a 3 años para el segundo hijo.

POR LA «PUERTA TRASERA»

En el debate, Antón Sánchez (Común da Esquerda) ha censurado que este procedimiento supone el «reflejo de un gobierno colapsado», con una modificación «fiscalmente regresiva y casi inconstitucional».

Muestra su preocupación por una nueva modificación en la ley del suelo, por la que los promotores en suelo urbano no consolidado podrán sustituir la entrega del 10% al ayuntamiento por dinero, lo que considera una «monetarización» en vez ceder terreno a patrimonio público, mientras hay 14.000 demandantes de vivienda de protección.

También alerta Antón Sánchez de un cambio por el que las edificaciones en suelo rústico anteriores a 1975 serán viviendas tradicionales, «independientemente de la tipología», y así podrán «reconstruirse chabolos». Con ello, se «vuelve a la ley franquista del 56 para permitir cualquier actuación en suelo rústico».

A renglón seguido, María Teresa Porritt (PSdeG) ha tachado de «fraude parlamentario» esta ley al «limitar el debate», a la vez que en esta legislatura el PP solo ha sacado adelante 15 leyes, sin contar las de acompañamiento, indica.

Sobre este extremo, la socialista ha acusado a la Xunta de hace «rebajas fiscales a la riqueza favoreciendo que aumenten las desigualdades».

Identifica aquí se favorecen «operaciones inmobiliarias» en lugares en los que «no hay grandes problemas de despoblación» como San Vicente do Grove, Oleiros o Baiona. También censura Porritt la «vergonzosa» subida a un millón de las exenciones para herencias.

En esta línea, Olalla Rodil (BNG) arremete contra el uso por «la puerta trasera» que «hace año a año de la ley de acompañamiento» el PP, mientras «elude informes que serían necesarios» en un proceso ordinario y «genera mucha inseguridad jurídica». «Es legal, pero ni ético ni estético y muchos menos democrático», advierte.

A este respecto, resalta que se modifica la ley de patrimonio natural, aprobada en agosto y que lleva «ni dos meses en vigor». Ahora se acuerda «la prescripción del daño causado a los 15 años», «cuando antes no prescribía».

Además, se ha quejado de que en lo que va de legislatura hay 76 leyes modificadas. Rodil se ha referido bromeando a que «la Ana Kiro de todas las leyes reformadas», «la más grande», es la ley de prevención de incendios, de 2007, pues «lo único que le queda de la versión original es el título». De hecho, el artículo 21 de esa norma se ha cambiado por «cuarta vez».

¡Paula Vázquez Verao (Grupo Mixto) ha afeado el uso de este «trámite acelerado» en un «desbordamiento normativo», que identifica con un «ejercicio de falta de voluntad de diálogo».

POSTURA DEL PP

En cambio, Paula Prado (PPdeG) sostiene que «no se sustrae ningún tipo de debate» con esta ley, ya que se realizan cambios «puntuales» a normas que pasaron «todo» el trámite parlamentario, mientras lamenta que la oposición prefiera una «tramitación larga».

Prado ha reprendido al PSOE por criticar esta ley de acompañamiento, porque «allí donde gobiernan la utilizan todos los años» y pone de ejemplo la Comunidad Valenciana. «Hacen una cosa donde gobiernan y dicen la contraria en la oposición», apostilla.

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