El Ministerio Público solicita seis años de prisión y 15 de inhabilitación para un excontable de la cofradía de pescadores San Martiño, de O Grove (Pontevedra), por malversación de caudales públicos, ya que está acusado de apropiarse de fondos del colectivo.

El juicio de este caso, que procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados, se celebrará a partir del próximo lunes 18 en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

En su escrito, el fiscal relata como «el acusado, obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento, faltando al deber de lealtad para con la cofradía y aprovechando la circunstancia de tener acceso a las cajas y cuentas bancarias de la entidad por su condición de encargado del área económica, concibió el plan de ir haciendo suyas paulatinamente diversas cantidades de euros durante los años 2009 y 2010, logrando incorporar a su patrimonio un total de 505.515,83 euros».

Así, cuenta que retiró distintas cantidades de dos cuentas del pósito y añade que hizo suyos un total de 212.050,83 euros procedentes de la recaudación por ventas de la pescadería de la cofradía durante los años 2009 y 2010.

El acusado, según prosigue Fiscalía, estaba aquejado del trastorno del control de impulsos conocido como ludopatía. Debido a este trastorno psicológico, «se gastó en el Casino de La Toja un total de 47.400 euros entre los días 7 de marzo de 2009 y 7 de abril de 2010».

Como consecuencia de sus operaciones, la cofradía «se puso en una delicada situación económica y falta de liquidez, de tal suerte que no pudo abonar a la Consellería de Facenda la tasa derivada de las ventas en lonja durante el periodo 2009-2010, de manera que se le impuso un recargo por mora e intereses» por un valor total de 78.765,56 euros.

En este contexto, el acusado tuvo conocimiento (en septiembre de 2009) de que en la cofradía «ya habían descubierto ese mes que él era el autor de varias transferencias desde las cuentas corporativas a su propia cuenta bancaria, motivo por el cual pidió una baja por depresión».

Lo hizo, según el fiscal, «antes de que se iniciara contra él un procedimiento judicial por estos hechos». «Confesó el día 1 de noviembre de 2011 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Cambados, en funciones de guardia, haberse apropiado de unos 190.000 euros de la cofradía», concluye.

Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos, con el «agravante de abuso de confianza», pero la «circunstancia atenuante analógica de confesión del hecho» y también de alteración psíquica por ludopatía.

En cualquier caso, y además de las correspondientes indemnizaciones, establece que responde el acusado del delito en concepto de autor y las entidades (Banco Santander y Caixabank) en concepto de responsables civiles subsidiarios.