El director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha asegurado este viernes que la corporación, lejos de «estar en crisis», está «viviendo la mayor expansión y consolidación como servicio público de comunicación audiovisual de su historia».

Así lo ha dicho durante una comparecencia en la Comisión permanente no legislativa de control de la CRTVG, en el Parlamento Gallego, donde ha respondido a una pregunta formulada por la diputada del BNG Alexandra Fernández en relación a los datos de audiencia de la TVG el pasado año 2024.

Durante su intervención, la diputada nacionalista ha asegurado que los datos de audiencias del canal «son devastadores», especialmente entre la gente joven, y ha argumentado que «una de cada cinco personas que veían la TVG lo dejó de hacer en el último año».

Para Alexandra Fernández, la TVG «está alejando cada vez más a los gallegos de la televisión pública» y provocando «una desconexión con la sociedad». «Son datos evidentes de caída de la audiencia a mínimos históricos», ha sostenido la diputada.

Por el contrario, Sánchez Izquierdo ha negado esta caída y ha afirmado que la TVG «sigue siendo el canal más visto en Galicia y la autonómica más vista en España según el Estudio General de Medios». «La realidad es muy distinta», ha respondido, argumentando que «este director xeral dejará la CRTVG en una de las mejores, si no la mejor, situación desde su creación, y a años luz de su situación en 2009», cuando tomó los mandos.

Entre los datos que ha destacado están los índices laborales. Sánchez Izquierdo ha asegurado que el 40% de los trabajadores estaban «en situación de temporalidad» en 2009, una situación «irregular» que ha causado «un coste superior a 36 millones de euros en sentencias». Sin embargo, afirma, «el 100% del cuadro de personal está estabilizado» en 2025.

En el ámbito económico, el director xeral ha señalado que las cuentas de 2009 «fueron devueltas por deficiencias encontradas por parte de auditorías externas», dado que no reflejaban «una deuda de 51 millones». «A día de hoy nadie asumió la responsabilidad de haber firmado aquellas cuentas», ha añadido, destacando que en este periodo se ha conseguido «reducir esa deuda en más de un 90%».

En cuanto a los datos de audiencia, Sánchez Izquierdo ha afirmado que la TVG estaba en el tercer puesto de canales autonómicos de la Forta en 2009 según Kantar Media, el mismo puesto que en 2024. «No sé por qué ahora hablamos de crisis de audiencias, cuando la competencia en 2009 era infinitamente menor que en 2024», ha subrayado.

Entre los nuevos elementos para captar públicos, Sánchez Izquierdo ha mencionado que la CRTVG lanzó en 2024 tres plataformas de contenidos a la carta que han permitido «ampliar el alcance del servicio público», llegando «a más audiencias y países», con cerca de dos millones de usuarios en el primer año de existencia. «No hemos perdido ni audiencia ni relevancia», ha zanjado.

UNA SENTENCIA «INDIVIDUALIZADA»

Por otra parte, Sánchez Izquierdo ha respondido también este viernes a una pregunta formulada por la diputada socialista Silvia Longueira, en relación a la posibilidad de que la CRTVG tenga que afrontar sentencias en su contra por «haber contratado a 30 trabajadores como alta dirección pero para realizar tareas comunes», tras un fallo en contra en este sentido que, no obstante, el director xeral ha ceñido a un caso particular e «individualizado».

En su intervención, Silvia Longueira ha considerado que estas 30 denuncias «van a seguir el camino marcado por el Tribunal Supremo», que «rechazó el recurso de la CRTVG contra una sentencia del TSXG que le daba la razón a un responsable de ingeniería de la Corporación», quien recurrió un fallo previo «alegando que no realizaba tareas de alta dirección, sino tareas propias de un trabajador común».

En relación a esta sentencia, Sánchez Izquierdo ha apuntado que un fallo de primera instancia en 2021 «desestimó la pretensión del trabajador», vinculando su relación contractual a la alta dirección. Con todo, en abril de 2022 el TSXG estableció lo contrario, apuntando a que se trataba de una «relación laboral común», en una sentencia «que ya es firme».

El director xeral, sin embargo, ha considerado que este fallo «no expande sus efectos a todos los contratos de alta dirección», que «deben de ser, al menos, objeto de un análisis particularizado en cada caso». «La sentencia responde a una situación individualizada», ha añadido, apuntando que, «hasta ahora, las sentencias en esta materia, en relación con los cuestionamientos de los contratos de alta dirección» han «confirmado la regularidad de la forma contractual actual». «Hemos recibido diversas sentencias que ratifican hasta ahora la legalidad de los contratos como contratos de alta dirección», ha apostillado.

No obstante, ha reconocido que se trata de un tema «altamente complejo» que tiene a la corporación «sumergida en una cierta inseguridad» y que radica en la «falta de desarrollo estatal o autonómico sobre los contratos directivos en empresas públicas», algo que sería «imprescindible» de cara al futuro para evitar la «inseguridad jurídica».