La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha replicado al eurodiputado socialista Nicolás González Casares que «pida disculpas o abandone el cargo» por «mentir», pues «quiso confrontar a Galicia con la Comisión Europea».

La conselleira de Medio Ambiente mantuvo una reunión en Bruselas, en septiembre de 2024, con el director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea (CE), Daniel Calleja, para reivindicar «seguridad jurídica» a la hora de tramitar los parques eólicos ante lo que definió como una «marea de parálisis» de las evaluaciones ambientales.

Sobre esta reunión preguntó el eurodiputado socialista a la Comisión Europea, quien respondió en un escrito firmado por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, para explicar que la Comisión dejó «muy claro» a la Xunta que no puede pronunciarse sobre la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acerca de eólicos al estar ‘sub iudice’.

Ante esta contestación, el pasado miércoles, González Casares afirmó que con esta respuesta «la Comisión desmiente a la Xunta al constatar que no va a influir en el Tribunal de Justicia de la UE ante el parón eólico». Asegura que se «desmonta la propaganda» del Gobierno gallego, que «vendió la reunión con la Comisión como un movimiento para influir la posición del Ejecutivo comunitario ante la justicia europea».

Preguntada este jueves por estas palabras, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha arremetido contra Nicolás González Casares. «Si la única pretensión de esta persona es ideológica, es un timo para la sociedad, porque tiene un cargo público y no debe decir algo que no es cierto, está mintiendo», ha espetado.

«Que pida disculpas o abandone el cargo si es capaz de armar él solo una mentira y ponerlo en boca de la presidenta de la Comisión Europea», añade.

«TOTAL TRANSPARENCIA»

Así, defiende que la respuesta de la CE «lo que dice es que es legítimo que la Xunta se reúna con directores de la Comisión, y también se pueden reunir diputados», por lo que «Galicia lo que hizo fue aportar toda la documentación». «Nadie puede influir en el TJUE, igual que nadie puede influir en el TSXG», apostilla.

Por tal motivo, Ángeles Vázquez defiende que actúa con «total transparencia». «Galicia desde el primer momento se reunió con directores y entregó toda la documentación y explicó a la Comisión cómo es nuestro plan eólico y cómo se hace una evaluación ambiental», incide.

Además, lamenta que «la parálisis del sector eólico supone la emisión de 2,5 toneladas de CO2», puesto que «de estar implantada esa energía verde, no lo estarían emitiendo».

El alto tribunal gallego ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiesen formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados. Esos informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, de turismo, de salud, de energía eléctrica y de seguridad aérea, entre otros.

En su contestación por escrito al eurodiputado socialista, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, responde en nombre de la CE para explicar que no pueden «comentar la posición que debe adoptar la Comisión» acerca de la cuestión de eólicos en el TJUE, dada «su calidad de ‘amicus curiae».

Igualmente, González Casares cargaba contra «el uso partidista de las instituciones por parte del PP» por haber ido el eurodiputado popular Adrián Vázquez a la reunión oficial de la conselleira del Gobierno gallego con el director del Servicio Jurídico de la Comisión. Al respecto, la respuesta de Von der Leyen resalta que «no se informó previamente al Servicio Jurídico de la Comisión» de que iba a acudir Adrián Vázquez, si bien recuerda que se siguieron las normas, las cuales «en ningún caso prohíben tales reuniones entre diputados al Parlamento Europeo y altos directivos de los servicios de la Comisión».