La Consellería de Política Social inició en 2024 expedientes a nueve ayuntamientos gallegos en relación a algún tipo de incumplimiento en la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), unas sanciones que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ve «injustas» al asegurar que el servicio no está «financiado correctamente» ni por la Administración autonómica ni por el Estado.
Según los datos consultados por Europa Press a la Consellería de Política Social, los municipios a los que se les inició un expediente son Triacastela, Samos, Pedrafita, folgoso, Rodeiro, Os Blancos, Punxín, Calvos de Randín y Valdoviño. Todos ellos, conforme apunta el departamento autonómico, después de que hubiesen desatendido los requerimientos de la administración autonómica en varias ocasiones.
En un desayuno informativo ofrecido este miércoles en la sede de la Fegamp, el presidente del ente, Alberto Varela, ha trasladado el malestar y «cabreo» de los ayuntamientos que están percibiendo estas sanciones por «no poder prestar horas de SAF».
«Se trata de sanciones a municipios de diferente color político y el enfado es de todos. No parece razonable que se esté sancionado en relación a un servicio que no se está financiando correctamente», ha dicho en una intervención en la que ha recordado que la normativa establece que la Administración autonómica y el Estado deben financiar el 100% de esta prestación, pero que, sin embargo, la cuota que reciben los ayuntamientos es de 12 euros pese a que el coste «puede llegar a 25 euros» y la parte que aportan los usuarios es «mínima».
La Fegamp, que ha trasladado que estos expedientes pueden llegar a implicar multas de hasta 20.000 euros, ha advertido también de la falta de personal formado para prestar este servicio. «Habrá que hacer esa foramción y tener a más gente que esté dispuesta a trabajar en este campo», ha sostenido.
Además, en su comparecencia, Alberto Varela ha vuelto a trasladar que siguen sin ser recibidos tanto por la conselleira de Política Social, Fabiola García, como por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a los que la Fegamp pidió un encuentro para abordar la financiación de este asunto.
Por su parte, al respecto, la Consellería de Política Social ha sostenido que cumplió a lo largo de la pasada legislatura con el pacto firmado con la Fegamp para la financiación del SAF» y que «los nuevos presupuestos contemplan un nuevo incremento por por del Ejecutivo gallego».
Además, la Xunta ha denunciado que «el Gobierno central sigue sin aportar el 50% de la financiación en materia de dependencia» y que la deuda con el sistema gallego sobrepasa ya los «2.500 millones». También ha recordado que la conselleira se reunió hace unos meses con el ministro para reclamar que «cumpliesen su obligación», algo que, según apunta, una mayor aportación que el ministro condicionó a «la aprobación de unos nuevos presupuestos».
