Galicia y otra docena de comunidades han reducido su gasto en rentas mínimas, hasta más de un 90% en el caso de Madrid y Aragón, tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el año 2020, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Asimismo, según los datos recogidos en base al Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) correspondiente al año 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las rentas mínimas de inserción se han reducido un 15,9% de media en España desde la puesta en marcha del IMV.

Aragón y Madrid, con un 96,2% y un 91,1%, respectivamente, son las comunidades que más han recortado estas rentas mínimas, seguidas Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%). En Galicia, el informe refleja también una reducción (-41,3%). En el otro extremo se sitúan Canarias, que ha aumentado su presupuesto un 103%, Baleares (con un incremento del 74,7%), Comunidad Valenciana (18,6%) y País Vasco (4%).

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades, supone que en los tres años transcurridos desde la aprobación del IMV «se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros».

Igualmente, denuncia que «muchas comunidades destinaron su ‘ahorro’ en el presupuesto de sus RMI a otras cuestiones fuera de los servicios sociales». Si bien, destaca el «compromiso» de dedicar ese «ahorro» a reforzar otros servicios sociales en Castilla y León y Madrid.

Además, la asociación avisa de que solo el 5,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las comunidades autónomas. «Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, salvo en el año de la pandemia (2020), tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%», apunta.

En todo caso, explica que se observan diferencias por comunidades autónomas. Así, destacan País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%) con porcentajes que superan o se acercan, al 50%, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, alerta de que en cinco comunidades sus RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la pobreza. Así, expone que Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%) Andalucía (0,7%) y Castilla La Mancha (0,3%) y en Aragón la cuantía media no llega al 1% de la Renta media de la comunidad.

En cuanto a la cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que supone el 15,9% de la renta media por hogar. Esta lamenta que es «extremadamente baja», aunque haya aumentado dos puntos este último año.

Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y Comunidad Valenciana (15,2). Las que menos Murcia (9%), Madrid (9,1%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus RMI sólo representa el 0,7% de la renta media de los hogares de su territorio.