El Consello de la Xunta autorizó hoy la addenda al convenio con la concesionaria Autoestradas de Galicia para mantener las bonificaciones actuales de los peajes en las autopistas A Coruña-Carballo (AG-55) y de Val Miñor (AG-57) y consolidar para 2025 las congelaciones en la subida de los peajes de años anteriores, actualizando conforme al IPC.
De esta manera, durante el próximo año, las tarifas resultantes de los peajes en la AG-55 y la AG-57 actualizrán las tarifas vigentes en 2024 según el 95% del IPC interanual de octubre 2023 a octubre de este año. Es decir, el 1,7% a partir del 1 de enero, manteniéndose, además, los descuentos vigentes el próximo año.
Esta medida tiene como objetivo, según la Xunta, beneficiar a los casi 28.000 usuarios diarios de estas dos vías autonómicas. «Será una subida del 1,7 por ciento, lo mínimo fijado en el contrato», ha expuesto el presidente de la Xunta, quien ha incidido en que «en muchos tramos no habrá subida y donde se concentren en ningún caso será superior a cinco céntimos por trayecto».
Por otra parte, el Consello dio luz verde a la resolución de los contratos de concesión de las autovías del Salnés, de Barbanza, Ourense-Celanvoa y Santiago-Brión, operación con la que el Ejecutivo gallego materializa la eliminación de los peajes en sombra que se venían pagando anualmente en estas infraestructuras.
Esta operación, que se valora en un importe de 299 millones, supondrá que la Xunta dejará de pagar, por el canon comprometido hasta el final de las concesiones, un importe de 641,1 millones, lo que supondrá un ahorro para las cuentas autonómicas de 342,1 millones.
VIVIENDA
En el Consello, y ya en materia de vivienda, se acordó licitar la rehabilitación de seis edificios propiedad de la Xunta, en el marco del Plan Rexurbe. Se trata de 17 viviendas ubicadas en los ayuntamientos de Viveiro, Ourense, Ribadavia y Tui.
Además, se dio luz verde a la licitación para la construcción de 146 viviendas de promoción pública en la zona de Garabolos, en Lugo, con dos edificaciones, una con 76 viviendas y otra con 70.
El Consello también aprobó la firma de un nuevo convenio con el Consello da Avogacía Galega por el que se renovará 2025 la colaboración para la prestación de servicios de asesoramiento, intermediación y orientación jurídica en materia de vivienda.
Ya en el área de Medio Ambiente, el titular del Ejecutivo gallego anunció que el Gobierno autonómico destinará 25 millones a la construcción y gestión de la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de Galicia, que se localizará en el complejo industrial de Sogama. La misma tendrá capacidad para procesar 3.000 toneladas al año, con posibilidad de ampliarse hasta unas 24.000 toneladas por año.
