La comisión de investigación de la contratación de la Xunta celebrará este viernes su última reunión, en la que el PP aprobará un dictamen, elaborado sin acuerdo con el BNG ni el PSdeG, que sostiene que no hubo «ni una sola tacha de legalidad» ni en la contratación menor y de emergencias emprendida por la Xunta en pandemia, ni en el modelo de concesión empleado para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En esta sesión, que arrancará a las 12.30 horas, se votará la autoenmienda que anunció el pasado fin de semana el Grupo Popular, que profundiza en la misma argumentación del borrador presentado a la oposición; y la del PSdeG, que previsiblemente será tumbada.

Mientras tanto, el BNG confirmó este jueves que no registraría ninguna enmienda porque el documento que presentó el PP es «un panfleto» y «un mal chiste». Sin embargo, los nacionalistas sí emitirán un voto particular que será debatido en el pleno de la Cámara, junto con el propio dictamen de la comisión, una vez arranque el nuevo período de sesiones en enero.

La convocatoria de este viernes pone fin a los trabajos de este órgano que se prolongaron durante casi dos meses y que estuvieron marcados por sucesivas polémicas, prácticamente diarias.

CREADA POR EL BNG, CONTROLADA POR LA MAYORÍA DEL PP

La comisión la creó el BNG al amparo del artículo 52 del Reglamento de la Cámara, que permite que un tercio de los diputados –25, justo los que tiene el Bloque– pueda impulsar una comisión de investigación una vez por legislatura.

Pese a que fue una iniciativa de los nacionalistas, desde el inicio el PP pudo controlar los plazos y los trabajos por contar con mayoría absoluta, algo que se reprodujo en la Mesa de la propia comisión, presidida por la popular Elena Candia.

Esto fue motivo de buena parte de los enfrentamientos con la oposición, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre un recurso de amparo presentado por el BNG por supuesta «vulneración» de los derechos de sus diputados.

Ya en la primera sesión de la comisión, allá por el 15 de octubre, el PP consiguió sacar adelante las normas de funcionamiento en solitario pese a las propuestas de socialistas y nacionalistas para que el plan de trabajo –que incluye el listado de comparecientes y la documentación a requerir– se tuviese que aprobar por mayoría cualificada.

Los populares también se valieron de su mayoría para, el 8 de noviembre, sacar adelante su plan de trabajo pese a las reuniones ‘in extremis’ mantenidas entre los grupos. Así, el listado de comparecientes sí incluyó al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no a su antecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, ni a personas de su entorno, tal y como reclamaba la oposición, por las adjudicaciones que recibieron empresas en las que ejercen.

También acaparó titulares la citación del actual presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, por haber sido el ministro de Sanidad durante la pandemia de la covid. No obstante, comunicó por escrito al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que no acudiría porque es «criterio reiterado» del Consejo de Estado que las cámaras autonómicas «no tienen potestad para requerir la comparecencia» de autoridades estatales.

COMPARECENCIAS DE 38 PERSONAS

Sea como fuere, en poco más de un mes pasaron por el Pazo do Hórreo 38 comparecientes, incluidos Rueda, exconselleiros con el PP (desde 2009) y del bipartito (entre 2005 y 2009), así como otros altos cargos actuales y pasados de la Xunta, de consultoras privadas y del Consello de Contas.

La principal conclusión a la que llega el Grupo Popular en su dictamen es que «no hay ni una sola tacha de legalidad» en los asuntos que investigaba este órgano parlamentario, tampoco en los contratos con empresas como Eulen y Universal Support, que tienen de directivos a personas del entorno de Feijóo.

De hecho, en su borrador, el PP lo contrapone –en referencia velada al ‘caso Koldo’– con la contratación del Gobierno central, donde «son la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo los que detectan indicios de blanqueo de capitales, soborno, organización criminal y tráfico de influencias».

En lo que respecta al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, la principal conclusión del Grupo Popular es que su construcción a través de una concesión de obras públicas «no existió sobrecoste» de 470 millones de euros, tal y como sostiene la oposición en base a un informe del Consello de Contas.

«Contas nunca dijo que existiera sobrecoste», subraya el dictamen, que matiza que lo que pone el documento es que hubiese salido «a un menor coste» si se licitase de forma separada la obra de los servicios.

La propuesta de dictamen del PP también recalca que, a raíz de la crisis financiera del año 2008, la «única alternativa viable» para construir el hospital era la colaboración público-privada porque el modelo público que buscó el bipartito, a través de la Sociedade Pública de Investimentos, «exigiría la renuncia de la administración a ejecución del gasto corriente o de otras inversiones».

RECOMENDACIONES

En el apartado de recomendaciones, el dictamen sí advierte a la Xunta –en la línea de los reproches que realizó Contas– que «debe evitar» sustituir el estudio de viabilidad completo por el de viabilidad económico-financiera en actuaciones similares a la construcción del hospital vigués.

Asimismo, hace suyas las sugerencias ya realizadas por Contas en el informe de fiscalización de la contratación en pandemia, por lo que reclama diseñar «planes de contingencia» y «un stock estratégico» para evitar carencia de productos sanitarios, así como continuar con las compras centralizadas y la contratación electrónica.

Finalmente, el dictamen recomienda «seguir empleando la contratación menor» porque «no es un procedimiento excepcional sino ordinario», bajo las condiciones establecidas por la ley. En este sentido, el PP sugiere avanzar en «medidas de mejora» de los procesos de contratación menor, en el «programa de impulso democrático» y en la puesta a disposición de la información contractual a través del Portal de Transparencia.