La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para garantizar la igualdad de trato en materia de adjudicación y prórroga de concesiones costeras por parte de las autoridades españolas, como exige la directiva europea de servicios, o de lo contrario podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

España prevé la posibilidad de otorgar concesiones para construir locales permanentes, tales como restaurantes o piscifactorías, en el dominio público costero, simplemente previa solicitud, seguida de un período de información pública de 20 días, en contra las obligaciones de la normativa comunitaria, que establece la obligación explícita de utilizar un procedimiento de selección imparcial y transparente.

Al respecto, la Comisión también considera que la prórroga de la duración de estas concesiones con arreglo a la legislación nacional, que en algunos casos llega a 75 años, infringe la esta disposición, ya que supone un derecho preferente en favor de los titulares.

Además, en la medida en que obstaculizan el acceso a esas concesiones de los operadores de otros Estados miembro, las normas nacionales restringen indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

De este modo, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar un dictamen motivado a España, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias o, de lo contrario, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el TJUE.