La comisión de investigación sobre la contratación de la Admnistración autonómica durante la pandemia, con la empresa Eulen y sobre el modelo de construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha finalizado este miércoles su ronda de comparecencias y entrado en la fase de redacción del dictamen que resumirá las conclusiones extraídas del trabajo desarrollado en las últimas tres semanas por el organismo impulsado por el BNG.
Rubén Cela y Alberto Souto, responsables dentro de las áreas de Xuventude y Medio Rural, respectivamente, del gobierno bipartito que estuvo en la Xunta entre 2005 y 2009, han sido los últimos comparecientes en pasar por la comisión, que el BNG solicitó que ampliase su período de trabajo, una reclamación que se topó con la negativa del PP.
Los dos últimos comparecientes han manifestado sus dudas sobre las razones de su citación para acudir al organismo en virtud del plan de trabajo, dado que, como ha expresado primero el director xeral de Xuventude y, más tarde, el secretario xeral de la Consellería do Medio Rural, entendían que sus responsabilidades en la Administración autonómica no tenían que ver con el objeto de la comisión ni el período temporal a investigar coincidía con su etapa en la Xunta.
El penúltimo de los comparecientes ha sido Rubén Cela, director xeral de Xuventude e Solidariedade durante el gobierno bipartito, que manifestó su desconocimiento por los motivos que llevaron a su citación para acudir a la comisión, ya que entendía que no guarda «relación directa con ningún tema» a investigar en el organismo.
El hasta hace dos semanas miembro de la ejecutiva del BNG ha expresado que su citación «tiene que ver con otros intereses» que ha apuntado al PP, representado en el debate por el diputado Roberto Rodríguez, quien puso el foco en su intervención en el caso ‘Carrumeiro’, asociado a una empresa vinculada al BNG con contratos firmados durante el bipartito.
«Es el último día para recordar la única pregunta que no tiene respuesta en esta comisón. ¿Son los promotores de esta comisión capaces de mantener los estándares de calidad democrática que exigen a los demás?», se ha preguntado el parlamentario popular, que ha dedicado su intervención a repasar contratos menores firmados por gobiernos municipales del BNG.
También expresó sus dudas por los motivos detrás de su citación el secretario xeral de la Consellería do Medio Rural entre 2005 y 2009, Alberto Souto, que trasladó que «no» entendía por qué se había solicitado su presencia «ateniéndose» al objeto de la comisión y al período a investigar.
En su turno durante la comparecencia de Souto, el diputado del PP también puso el acento en los contratos de gobiernos municipales del Bloque a empresas que ha vinculado a la organización frentista, en los que aprecia «un patrón y una forma de proceder» que «no encaja en los estándares de la policía moral en la contratación pública en la que se ha convertido el BNG».
La presencia de Cela y de Souto en la lista de comparecientes fue también cuestionada por los grupos de la oposición de la mano de Montse Prado (BNG), Patricia Iglesias (PSdeG) y Armando Ojea (Democracia Ourensana).
PLAN DE TRABAJO
Tras las comparecencias, se ha debatido y rechazado por la mayoría del PP una propuesta del BNG para ampliar el período de trabajo de la comisión al entender que fue «falta mucho por investigar» por el «torpedeo» de forma «premeditada» al que, dicen, sometieron al organismo los populares.
El diputado nacionalista Óscar Ínsua ha manifestado que la forma en la «controló» la comisión el PP «es un atropello» al derecho de control al gobierno de los diputados, una crítica a la que se ha sumado la diputada del PSdeG Patricia Iglesias, que ha expresado que entiende que «las conclusiones» de la comisión «están escritas y todo esta cerrado para que nada sea investigado». Armanado Ojea (DO) votó a favor de la propuesta del BNG.
El encargado de defender la postura negativa a prolongar el trabajo de la comisión por parte del PP ha sido su portavoz parlamentario, Alberto Pazos Couñago, que ha acusado a la oposición de «molestarle» la aplicación de las «mayorías» reglamentarias en la Cámara por sus críticas a la configuración del plan de trabajo.
Tras afirmar que el BNG y el PSdeG «obviaron» una «oferta de consenso» para la lista de comparecientes y la petición de documentación, Pazos ha pedido «piedad» al Bloque para que «no prolongue más el sufrimiento de una comisión agonizante» porque, dice, a lo largo de las últimas semanas ha quedado «demostrado» que no hay «una tacha de ilegalidad» en los objetos a investigar.
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN
El último paso de la comisión este miércoles ha sido dar validez a los representantes de los grupos en el equipo que se encargará de elaborar el dictamen de la comisión.
Así, por parte del PP ejercerá de titular Roberto Rodríguez y de suplente el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, por el BNG lo hará Iago Tabarés con Óscar Ínsua de suplente, mientras que por el PSdeG será la titular Elena Espinosa y la suplente Patricia Iglesias.