El abogado de un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, condenado a tres años de cárcel por recibir pagos por la tramitación de permisos de residencia, ha pedido la absolución de su cliente por considerar que no existe «una prueba concreta» contra él.

Lo ha hecho en la vista de apelación celebrada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras el recurso presentado por esta parte. A sus argumentos, se ha opuesto la Fiscalía, quien se ha remitido a los hechos considerados probados en la sentencia y ha remarcado que, en base a ellos, sí existe «actividad probatoria suficiente».

En la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, además de la condena a prisión, se le impuso el pago de una multa de 5.400 euros y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el juicio, la Fiscalía había demandado penas que sumaban ocho años de prisión y dos sanciones que sumaban 9.600 euros, además de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También había exigido la devolución del dinero cobrado por el servicio.

HECHOS

Según se consideró probado, el funcionario, en el año 2016 inició, tramitó y finalizó cuatro expedientes de residencia, algunos de larga duración y otros de residencia temporal inicial, por los que no debía haber percibido remuneración.

Así, por el servicio, demandó un «regalito» a una mujer, que le entregó 50 euros, además de realizar cambios en la fecha de su solicitud de autorización. Mientras, a otra mujer le indicó que debía entregarle «algo», así que ella acudió a la Subdelegación con 200 euros. No obstante, no lo hizo dado que fue atendida por otra funcionaria. Asimismo, a una tercera afectada le pidió 150 euros.

En la vista de apelación, el abogado ha alegado la vulneración de la presunción de inocencia, al tiempo que ha puesto en cuestión el relato de algunas de las denunciantes, que ha llegado de calificar de «rocambolesco».

Por otra parte, ha rechazado que los hechos, en caso de considerarse que su cliente debe ser condenado, puedan atribuirse a un «plan preconcebido». «Son delitos independientes», ha dicho para pedir una pena «en grado mínimo» si, finalmente, se mantiene la condena.