El macrojuicio por el alijo de cocaína del barco Karar, que estaba en suspenso desde mediados de octubre, se ha retomado este martes en la Ciudad de la Justicia de Vigo, con la declaración de un funcionario de Vigilancia Aduanera, instructor de la investigación interna que se abrió a uno de los acusados en este procedimiento, un funcionario de aduanas, y su mujer, que también se sienta en el banquillo.

La vista por este transporte de 3,8 toneladas de cocaína en plena pandemia de Covid (abril de 2020), se celebra con 28 acusados: Juan Carlos Santórum y varias personas de su entorno; los tripulantes del MV Karar (uno de ellos gallego); un constructor naval; un ciudadano colombiano; y un funcionario de aduanas destinado en Arousa y su mujer.

Precisamente, este matrimonio se enfrenta a las penas más altas solicitadas por el Fiscal en este juicio, un total de 19 años y medio de cárcel, ya que además de los delitos de tráfico de drogas e integración en organización criminal, el ministerio público les atrbuye también un delito de blanqueo de capitales.

En la jornada de este martes, ha prestado declaración un funcionario de aduanas de la AEAT, instructor de la investigación interna que se le abrió al acusado Pablo V.S. a principios de 2020, debido a las sospechas que levantó su ‘tren de vida’.

Tal y como ha explicado este testigo, meses antes de que este procesado fuera detenido junto a su mujer en el marco de la investigación por el alijo del Karar, recibió una instrucción de sus superiores para investigarlo, ya que se había detectado que su modo de vida no se correspondía con sus ingresos. Así, habían llamado la atención el coche de alta gama que conducía (un Audi Q5) y que aparcaba en el muelle, junto a los vehículos de otros compañeros, o el chalet «suntuario» que había adquirido, entre otras cuestiones.

INGRESOS RECURRENTES POR CAJERO

Este investigador ha señalado que, las pesquisas realizadas sobre el patrimonio, los ingresos y gastos del matrimonio, evidenciaron que, desde febrero de 2014, la cuenta bancaria de ambos reflejó un cambio: pasó de estar muchas veces en ‘descubierto’ a no tener retirada de dinero, de manera que se generó una «repentina capacidad de ahorro».

Meses después, tras cancelar esa cuenta, el matrimonio abrió otra en una entidad financiera distinta y, además de sus nóminas, comenzaron a ingresar de manera «recurrente» importantes cantidades de dinero a través de cajeros automáticos. Como ejemplo, el testigo ha apuntado que, solo en tres meses de 2019, llegaron a ingresar por esta vía casi 90.000 euros.

Esos ingresos de efectivo, que no se correspondían con sus remuneraciones por sus actividades laborales, levantaron incluso las sospechas de la directora de la entidad que, al no recibir explicaciones convincentes de sus clientes, optó por rescindir el contrato y cerrar la cuenta.

BOLETOS PREMIADOS DE LOTERÍA

El testigo ha subrayado que, además de ese dinero cuya procedencia no se podía acreditar, los acusados ingresaron 40.000 euros de dos boletos premiados de la Lotería de Navidad, unos boletos supuestamente comprados por Pablo y su mujer en un bar de Moraña, cuyo dueño confirmó a este investigador tributario que no se los había vendido.

Esta circunstancia se une al hecho de que los boletos premiados no fueron cobrados hasta un mes después del sorteo, en un caso, y hasta casi dos meses después en el otro. «No es lógico, lo normal es cobrarlos antes y juntos», ha explicado este testigo, que ha recordado que la compra de boletos de lotería premiados es «una táctica habitual de blanqueo».

En definitiva, según su declaración, el matrimonio tenía un nivel de vida muy por encima de lo que permitían sus ingresos legales, y realizaban gastos (cuota del Audi, jardinero, mensualidades de un colegio privado para sus hijos, viajes, compra de fincas, etc.) que sobrepasaban, con mucho, lo que ganaban con sus salarios o con la venta de uva de una finca de la familia de Pablo V.S.

Meses después de que se iniciara esta investigación interna al funcionario, la Agencia Tributaria recibió un auto del juzgado de instrucción 3 de Vigo, que investigaba el alijo del Karar, para proceder a las pesquisas sobre el sospechoso, que fue detenido un mes y medio después del abordaje del barco en Madrid.

DETENCIÓN EN MADRID

Pablo V.S. y su mujer fueron detenidos en Madrid, después de tener un encuentro con otro de los acusados, un ciudadano colombiano que les entregó una bolsa con casi 370.000 euros.

Según la Fiscalía, este ciudadano colombiano, René R.R., era usuario de un teléfono satelital desde el que se controlaba la singladura del Karar. Además, en el registro de su domicilio, la Policía encontró unos 4 kilos de cocaína.

El ministerio público sostiene que el funcionario de aduanas colaboraba con la organización de Santórum en su actividad de narcotráfico y le informaba de las actividades policiales y de vigilancia, además de cooperar con la organización en la distribución de estupefacientes.