El conocido como ‘caso Desproi’ sigue activo y, después de que la magistrada compostelana Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega, decidiese abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por el PP en abril de 2023, este miércoles han prestado declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento, José Manuel G.G., y el exinterventor Juan Ramón G. C.

La declaración de ambos testigos se produjo en la mañana de este miércoles, según varias fuentes consultadas po Europa Press. Previamente, en agosto, había trascendido que el fiscal Antonio Roma pedía este paso a través de un escrito.

El ‘caso Desproi’ pone en el foco la gestión local bajo el mandato del ahora senador Xosé Sánchez Bugallo y costó la dimisión, a principios del pasado año, del entonces edil José Manuel Pichel, después de trascender que alquiló una nave industrial para su departamento a una empresa a la que había estado vinculado.

En concreto, los hechos denunciados consisten en la adjudicación de un contrato de arrendamiento que se tramitó por razones de urgencia a favor de Desproi Promociones S.L. por parte de la junta de gobierno local en septiembre de 2021, cuando gobernaba Bugallo. El objetivo de la causa es determinar si la adjudicación se hizo de forma interesada y sin ajustarse a las normas que rigen la contratación pública.

LO QUE LOS FUNCIONARIOS PLASMARON POR ESCRITO

El escrito fiscal incidía en que el informe emitido por el que era interventor en septiembre de 2021 e incorporado a la causa se refleja la ausencia de informe preceptivo que justificase la urgencia y la existencia del procedimiento de concurrencia pública frente al empleado de adjudicación directa.

El mismo funcionario emitió en diciembre de 2022 otro informe también incorporado a la documentación judicial que nutre la causa en el que se incide en la ausencia de la función interventora y apunta a un conjunto de incumplimientos normativos. Otro informe posterior firmado por la entonces concejala delegada de Economía y Hacienda, Marta Abal, validaría la omisión de la función interventora.

Asimismo, el fiscal quería aclarar otra documentación ratificada por el secretario y cuestiones como la que apuntaba a que la adjudicataria tenía deudas tributarias con el Ayuntamiento con un importe que le impediría intervenir en contratos públicos.

GOBIERNO LOCAL: UNA «CUESTIÓN JUDICIALIZADA»

A preguntas de los medios de comunicación, la concejala y segunda teniente de alcaldesa de Santiago, Míriam Louzao, ha reiterado que, en su momento, al trascender la propuesta de citación de funcionarios, el gobierno local dio la indicación de personarse, lo cual es «lógico y entendible».

A partir de ahí, ha rechazado emitir valoraciones acerca de las consecuencias que podría tener la investigación para el PSOE local. «Es una cuestión judicializada, vamos a ser respetuosos. Cuando se llegue al final del caso, ya valoraremos lo que haya que valorar», ha zanjado.

PP: «HACEMOS LO CORRECTO»

Por su parte, el líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha defendido que los populares siempre van a «hacer lo correcto», que es «defender a los santiagueses». «La mejor prueba de que hicimos lo que había que hacer (al presentar la denuncia) es que el actual gobierno del BNG está personado como acusación», ha aseverado.

Al tiempo, ha lamentado que el gobierno local «haga ahora» lo que los nacionalistas «no quisieron hacer desde oposición», lo que legitima, ha agregado, que los poulares dan pasos «pensando en el interés púbico, no en tacticismos partidistas».

En este sentido, ha incidido en que ahora el BNG «denuncia a los mismos que hicieron y ahora mantienen» a Goretti Sanmartín como alcaldesa, en referencia a los socialistas.

Finalmente, tras declararse «muy respetuoso con la presunción de inocencia», Verea ha destacado que, ante «fuertes indicios, tenía que investigarse, que es lo que se está haciendo». «A mí personalmente me gustaría que no hubiese ninguna responsabilidad penal», ha asegurado.