El Grupo Parlamentario Popular prevé enmendar la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los Orzamentos para 2025 –registrará las enmiendas este sábado, cuando culmina el plazo– para dar cobertura, en materia eólica, a las novedades anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno gallego. E introduce algunas nuevas cuestiones, como la posibilidad de ‘retramitar’ parques en tramitación o autorizados, pero que están parados.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, las enmiendas populares recogerán que, «transitoriamente», mientras no se aprueba un nuevo plan sectorial eólico, los promotores de los nuevos parques en las áreas de desarrollo eólico (ADE) incluidas en el plan vigente deberán destinar el 50% de la energía generada en estos nuevos parques «a consumidores gallegos», a través de contratos de suministro a largo plazo (conocidos como PPA).
El paso había sido avanzado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, mientras que el texto popular incide en que la medida «está totalmente alineada» con la Ley 2/2024, del 7 de noviembre, de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, que ya establece que, para parques que se encuentren fuera de esas áreas, el porcentaje de energía generada para consumidores gallegos sea del 80%.
Pero también se incorporan otras cuestiones, por ejemplo, en lo que atañe a la repotenciación de parques eólicos. Así, se plantea que se establezca el deber de repotenciar los parques eólicos con una antigüedad superior a los 25 años, excepto que en los proyectos autorizados se fijase una vida útil de los aerogeneradores superior (en todo caso, como máximo de 30 años).
Una vez que el parque llega la esa antigüedad, se recoge que se dará «un plazo de 18 meses» para que el promotor presente a solicitud de la repotenciación. Las autorizaciones de repotenciaciones incorporarán, además, los plazos máximos en los que la obra debe iniciarse o finalizarse (en general, 18 meses para iniciar la obra y 18 meses adicionales para finalizarla).
Asimismo, se remarca que se «garantiza la viabilidad técnica o económica de la actuación» ya que, excepcionalmente, de ser necesario, el promotor «puede solicitar de forma justificada unos plazos superiores de inicio o de ejecución de las obras, justificación que sería analizada por la Administración para su eventual validación».
En todo caso, con el fin de dar totales garantías a los promotores, así como al propio sistema de generación eléctrica, los populares agregan en su texto que «no se exigirá que se ejecute la obra de repotenciación hasta que la autorización sea firme en vía administrativa y, de ser el caso, judicial».
RETRAMITACIÓN DE PARQUES EÓLICOS
El texto de los populares también recoge que se establecerá que los promotores eólicos, «voluntariamente», podrán solicitar una nueva tramitación de sus autorizaciones administrativas en aquellos parques que actualmente están en tramitación o autorizados, pero no en funcionamiento.
Gracias a esta medida, con la que se busca «permitir reactivar» un sector «castigado por decisiones judiciales», se plantea que los promotores «podrán volver a tramitar el parque, incluso conjuntamente con su línea eléctrica de evacuación, y adaptarse a las previsiones de la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia».
Para estos casos, se prevé establecer, además, «una tramitación simplificada amparada en el principio de conservación de trámites cuando no existiesen modificaciones relevantes».
En cualquier caso, al estudio de impacto ambiental deberá incorporarse lo previsto legalmente en particular en lo relativo a la identificación de los servicios ecosistémicos, de los efectos sociales y económicos, los compromisos adicionales de los promotores y el diseño del sistema de seguimiento evaluación.
NUEVO CANON EÓLICO: ALTURA DE LOS AEROGENERADORES
También en la línea de lo ya avanzado por la Xunta, se ratifica que se modifica la regulación del canon eólico, de forma que su base imponible dependerá de la altura total de los aerogeneradores, estableciéndose una tarifa de 75 euros por cada metro.
Esta nueva regulación, de acuerdo con lo que los populares plantean en sus enmiendas, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026 01/01/2026, con una recaudación global prevista similar a la correspondiente al sistema actual.
