La Guardia Civil ha detectado en la provincia de Lugo un aumento de estafas por aparentes plataformas web de inversiones con criptomonedas, «cuya finalidad es apropiarse del capital de las potenciales víctimas». El importe de lo estafado asciende a 2,5 millones.

«Los elevados rendimientos suelen ser el cebo con el que consiguen que los inversores les entreguen sus ahorros, siendo vulnerables ante las promesas de enriquecimiento rápido y sin riesgo», explica en un comunicado.

Recuerda que las empresas autorizadas para prestar servicios de inversión están sometidas a las normas que regulan los mercados de valores y a estrictos controles por parte de los organismos supervisores (CNMV y Banco de España). Por ello, los canales que utilizan los «chiringuitos financieros» para contactar con sus potenciales víctimas no son distintos de los que puede emplear cualquier entidad legalmente autorizada para difundir sus propuestas comerciales entre sus potenciales clientes.

Así, remarca que la principal protección frente a este tipo de estafas es no confiar en entidades desconocidas mientras no se pueda verificar que está debidamente autorizada para prestar servicios de inversión.

Los especialistas en cibercrimen del Instituto Armado tienen conocimiento del uso de aplicaciones de acceso remoto en este tipo de estafas, con el riesgo de que los estafadores pueden tener acceso completo al dispositivo del inversor, lo que les permite robar información personal, cambiar la configuración de su equipo, redirigir transferencias de dinero o criptomonedas a sus propias cuentas, acceder a su cartera de inversiones y acabar perdiendo el acceso a su dinero invertido.

Por ello, se recomienda no instalar aplicaciones de acceso remoto si no se está absolutamente seguro de la legitimidad de la persona o entidad que lo solicita.

En caso de resultar estafado en su inversión en criptomonedas, se recomienda recopilar toda la documentación firmada, transacciones realizadas, claves y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto con las entidades financieras, y presentar denuncia ante la Guardia Civil.