Un total de once clústeres de Galicia (logística, automoción, naval, TIC, energías renovables, construcción, granito, pizarra, textil, turismo y economía circular), que representan a más de 8.150 empresas, se han unido para reclamar precios de la energía más competitivos.

En un comunicado conjunto, las entidades demandan la «implicación real de las distintas administraciones» y la puesta en marcha de medidas que les permitan «competir en un mercado cada vez más globalizado».

También solicitan que se diseñen políticas «no cortoplacistas» que fortalezcan el tejido productivo. «El camino hacia la transición energética no tiene retorno y es indispensable estar preparados», reconocen.

Asimismo, reclaman propuestas concretas en materia energética, con precios «estables y competitivos» que permitan «crecer» y, a su vez, «estar a la altura del Plan Industrial del Pacto Verde».

En cuanto a medidas de apoyo, piden ayudas desde diferentes ámbitos –regulatorio, económico, financiero, gubernamental– que actúen «de trampolín para cumplir con las exigencias» de la Unión Europea, «para hacer de Galicia un territorio más fuerte, competitivo y desarrollado económicamente».

En este contexto, los clústeres gallegos exponen que las industrias de los estados miembros se encuentran «en una situación muy delicada, obligadas más que nunca a competir en un mercado global donde las reglas del juego no son las mismas para todos».

«Los países no pertenecientes a la UE cuentan con regulaciones muy diferentes, más laxas con las exigencias que implica una economía verde. Tienen más ayudas públicas que las que otorgan los gobiernos europeos y legislaciones más permisivas, menos respetuosas con los trabajadores y con el medio ambiente», sostienen.

Frente a este escenario, consideran que «los altos costes de la energía son un gran obstáculo para la competitividad» de las industrias gallegas.

Por esta razón, los 11 clústeres de Galicia se muestran convencidos de que el aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad «debe repercutir directamente en las industrias y en los consumidores gallegos» y, por eso, apuntan que el hecho de que las medidas que tengan como objetivo que la producción eléctrica de origen renovable en Galicia contribuya a reducir la factura eléctrica de las empresas, «no son sólo necesarias, sino indispensables».

Así, ven necesario que la Xunta condicione el desarrollo de las energías renovables en la comunidad a su desarrollo económico. «El suelo y el recurso son finitos, y por tanto una ordenación territorial responsable de Galicia exige que solo se instalen en nuestro territorio aquellos proyectos de renovables que generen retorno a nuestras empresas y aumenten su competitividad, bajando los precios eléctricos», manifiestan.

En esta línea, reconocen que el Gobierno gallego «parece tener esta sensibilidad, y, por los datos, a ello responden las medidas energéticas anunciadas por la Xunta de Galicia».