La Xunta propone la creación de zonas de inundación controlada en espacios verdes de las siete ciudades gallegas y otros núcleos urbanos de la comunidad como solución para minimizar riesgos en episodios de lluvias extremas que conlleven el desbordamiento de ríos.

En una entrevista con Europa Press, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, apunta lugares concretos en los que esta fórmula ya está planteada, como Sárdoma en Vigo, la desembocadura del río Gafos en Pontevedra, la entrada de Vilagarcía y también en Ponteceso.

No es nuevo. El «modelo» en el que se fija el Gobierno gallego, según expone Fernández, es Vitoria, donde un entorno degradado fue acondicionado como parque periurbano y configura la balsa de Lasarte. «Si tienes espacio disponible, es una de las actuaciones más eficaces», destaca el responsable de Augas.

«Tiene un coste de ejecución pequeño y muchos beneficios», incide. Por eso la Administración autonómica lo está «proponiendo». En Sárdoma, para evitar los efectos de la crecida del Lagares, la Xunta estima que la inversión necesaria ronda 1,2 millones de euros, para la colocación de muros de acompañamiento, entre otras cuestiones.

Se trata de localizar «puntos bajos» a los que de forma natural se dirige el agua y después implantar un «borde» que permita que esta zona sirva de «depósito». «Dejar al agua ese oxígeno que a veces necesita», subraya Roi Fernández.

Esta propuesta está «alineada» con la estrategia de zonas verdes de la Consellería de Medio Ambiente, que en sus presupuestos para 2025 reserva 3 millones para el impulso e inicio de los primeros pulmones verdes en las ciudades.

«Aprovechemos esto para generar resiliencia ante los riesgos», resalta el titular de Augas, el organismo autónomo adscrito a la consellería que gestiona la demarcación de Galicia-Costa.

El paraguas de todo esto es la estrategia gallega de infraestructura verde, que aprobó el Consello el pasado octubre. Este documento contiene una mención explícita al desarrollo de «actuaciones que permitan la mitigación de fenómenos extremos a través de áreas de inundación temporal, en las que se compatibilice la laminación de avenidas con la recuperación de hábitats de interés y con el mantenimiento de actividades humanas, incorporando estas áreas a la infraestructura verde del territorio».

En un artículo de 2018, la por entonces jefa de planificación y programación hidrológica de Augas, Belén Quinteiro, y la ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Laura Fernández advertían de que la directiva de inundaciones «prioriza medidas más blandas, las llamadas green infrastructures, basadas en la restauración fluvial o técnicas de bioingeniería frente a las anteriores (grey infrastructures), potenciando además las medidas de gestión».

«BAJA» EJECUCIÓN

En la entrevista con Europa Press, Roi Fernández lamenta la «baja» ejecución de las actuaciones diseñadas en el marco del plan de gestión del riesgo de inundación de la Xunta.

Al ente público le corresponde, según Fernández, el análisis del mapa y el establecimiento de actuaciones, así como «captar fondos europeos» para luego canalizarlos a los municipios.

Pero, según avisa, la competencia de actuación en muchos casos es de los ayuntamientos, y «nadie quiere movilizar recursos». Ante esto, y tras la tragedia vivida en Valencia, reclama «responsabilidad» y «concienciación». Por su parte, reivindica la labor de divulgación y coordinación de Augas.

Como caso ejemplar cita a Carballo, con «un riesgo grande» de inundaciones en el núcleo urbano y un grado de ejecución por el que considera que «han hecho sus deberes».

Augas firmó un convenio por más de 6 millones con este ayuntamiento gobernado por el BNG. También rubricó acuerdos con Viveiro (en torno a 1 millón de euros) y Padrón (unos 3 millones), ambos del PSOE.

Al margen de esto, el director de Augas de Galicia llama la atención sobre que son 47 las zonas definidas con riesgo para las personas (por afección a viviendas o centros de trabajo) y «muchas las actuaciones propuestas», que van desde el cambio en la ubicación de un puente y obras de drenaje, hasta la limpieza.

Son planes «muy amplios» y «muy ambiciosos», según señala. Pero remarca que el organismo público actúa como «planificador» y «no tiene las competencias» para obrar. «Augas tiene que dar apoyo económico (a través de fondos europeos) y técnico, con los planes», insiste.

En números, habla de unos 100 millones de euros en «medidas previstas» para el periodo de 2021 a 2027 y remite a los 9 millones suscritos en los tres convenios con Carballo, Padrón y Viveiro. Del resto, no hay «casi nada» hecho, asegura.

Para los próximos años, de aquí a 2029, cifra en 120 millones los recursos de que dispondrá Augas de Galicia provenientes de fondos europeos, de los cuales 10 están dirigidos de manera específica a la gestión de inundaciones.

BAJOS RECONVERTIDOS A VIVIENDAS

Por otra parte, cuestionado sobre las implicaciones que tiene la política de la Xunta de permitir la conversión de bajos comerciales en viviendas en zonas de riesgo de inundación, constata que «evidentemente a ras de suelo va a llegar el agua antes».

En todo caso, el director de Augas evidencia que, de no haber esa reconversión, lo que se inunda es un negocio, lo cual también afecta a las personas.

Al respecto, y sobre la posibilidad de que la Administración autonómica introduzca algún tipo de salvedad en este ámbito, fuentes de la Consellería de Vivenda consultadas por Europa Press precisan que los bajos tienen que cumplir las normas de habitabilidad.

Respecto a zonas con riesgo de inundaciones, Vivenda indica que «el Ayuntamiento lo tendrá en cuenta ya a la hora de dar las licencias», por lo que «es un tema municipal».