La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha vuelto a criticar las propuestas de la Xunta para el sector, ahora en relación con el anuncio realizado esta semana por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, de que los promotores deberán firmar acuerdos a largo plazo con un precio fijo (PPA) con empresas gallegas, «cuando menos», por el 50% de la energía producida. Sobre este extremo, muestra su «rotundo rechazo» ante lo que considera una «expropiación de facto».

En un comunicado, la patronal eólica española sostiene que esta propuesta «va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la ley del sector eléctrico». «Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa», avisa.

Arremete contra el Gobierno gallego por obligar a vender el 50% de su energía a empresas, ya que «traería consecuencias negativas para el desarrollo económico de la región, pudiendo incluso incrementar el precio de la electricidad para los consumidores».

Y es que alerta que «la medida, de prosperar, implicará sanciones internacionales y activaría arbitrajes internacionales». Agrega que una ley autonómica en ningún caso puede contradecir una ley estatal y mucho menos europea.

En esta línea, prevé que la medida «obligaría a romper los contratos que los promotores hubieran firmado ya con consumidores, generando una judicialización en todo el sector». De hecho, explica que hay empresas que ya tienen toda su energía comprometida mediante PPA con industriales hasta más allá de 2030.

«Galicia necesita estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Este nuevo anuncio agrava la situación de inestabilidad para las empresas. Desde el sector eólico reclamamos que impere el sentido común y el respeto a la legislación vigente nacional y europea», afirma.

«Sin conocer aún si las intenciones de la Xunta son aplicar también dicha obligación a los parques existentes, lo que sería aún más grave, el sector eólico avanza que esta expropiación de facto implicaría una vulneración de la legislación actual y forzaría la ruptura de contratos, aumentaría el precio de la electricidad, activaría demandas de los inversores internacionales generando nuevos arbitrajes, además de las consecuentes sanciones por parte de la Comisión Europea», resume.

CONTRA LAS REPOTENCIACIONES Hace tan solo unos días, la Asociación Empresarial Eólica ya cargó contra la Xunta por la «perjudicial» iniciativa de repotenciaciones de parques incluida en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2025, ya que «plantea un cambio de paradigma» que provoca «inseguridad jurídica».

Advertía de que la fórmula «errónea» del texto pone en riesgo a 86 parques de más de 20 años en la comunidad gallega, que suman más 2.000 megavatios. «Choca frontalmente con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente», sentenciaba.