Fiscalía solicita una pena de 7 años de cárcel para el exalcalde ourensano Manuel Cabezas (PP) por un delito continuado de prevaricación al supuestamente no haber exigido a promotores inmobiliarios la cesión urbanística del 10% en varias ocasiones durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Ourense.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la nueva fiscal del caso han cambiado el criterio mantenido por sus predecesores y solicita imponer una pena de siete años de prisión para el exregidor popular y para el entonces concejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador.

Además, reclama para Cabezas y Campo Labrador el pago de una indemnización al ayuntamiento de casi 1,6 millones y 1,2 millones de euros, respectivamente.

El origen del caso está en la la denuncia que, en 2014, Áurea Soto presentó contra el exalcalde de Ourense, el ‘popular’ Manuel Cabezas, por no haber reclamado supuestamente a algunos promotores que cedieran el 10% de los proyectos urbanísticos, entre los años 1998 y 2003, lo que habría supuesto que el Ayuntamiento dejase de percibir 1,7 millones de euros.

El Ministerio Público señala en su escrito que ambos acusados «aprovecharon los cargos públicos que ostentaban» y «guiados por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados, entre los años 1997 y 2002, aprobaron 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado sin exiger la cesión del 10%».

Esta cesión es obligatoria por ley y no fue requerida por el ayuntamiento ourensano durante la etapa de Cabezas en 15 ocasiones, según sostiene fiscalía.

Este caso motivó, el pasado mes de octubre, que la Fiscalía General del Estado suspendiese durante 10 meses al exfiscal jefe de Ourense Florentino Delgado por cuatro faltas –dos muy graves y dos graves–, al tiempo que sancionó de forma leve y realizó una advertencia al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en relación con los retrasos en la denuncia contra el exalcalde popular de Ourense Manuel Cabezas.