El Pleno del Congreso dará este martes el primer paso para tramitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, rebautizada como ‘Ley mordaza’ por su detractores con la votación de la toma en consideración del texto que los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) cerraron a principios de octubre con Bildu.

Si la reforma, que se registró como proposición de Ley con la firma añadida de ERC, PNV y BNG, supera esta primera votación, se iniciará su tramitación parlamentaria en ponencia, comisión y Pleno, que será por el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, tal y como han pedido sus firmantes.

La nueva redacción de la ley, que sus promotores esperan aprobar antes de fin de año, recoge todos los acuerdos y avances logrados» entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero que se frustraron al no contar con el apoyo de Bildu y ERC porque los consideraban insuficientes.

El acuerdo con Bildu permite añadir el compromiso de la «sustitución progresiva» de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, poner fin a la «discrecionalidad» en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para terminar con la conocidas como ‘devoluciones en caliente’ de migrantes en frontera.

En concreto, la nueva ley pondrá fin a la «discrecionalidad» que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015, de tal manera que «deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión», destacó Bildu.

OBJETIVAR SANCIONES POR FALTAR A LA AUTORIDAD

Así, sólo podrán sancionarse los «insultos o injurias» que no sean delito, pero sí «expresiones relevantes». Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve. Éstas últimas sólo serán sancionables cuando haya un «negativa expresa a cumplir una orden legal y ajustada a la legalidad» o exista una «resistencia corporal a un mandato de los agentes» siempre que estén ajustados a la normativa.

Respecto a las ‘devoluciones en caliente’ las tres formaciones acordaron que en el plazo máximo de seis meses se incluya una nueva disposición adicional de la Ley de Extranjería para establecer «como criterios el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional» en la política migratoria. Así, se fijará el «acceso y evaluación a las solicitudes de protección previamente al proceso de posible expulsión».