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Beariz, Boborás y Taboadela se adhieren a la Agencia Pública de Legalidad Urbanística de la Xunta

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Los ayuntamientos ourensanos de Beariz, Boborás y Taboadela han firmado este viernes los convenios de adhesión a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) de los ayuntamientos gallegos.

En este contexto, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha felicitado a los tres regidores municipales por la apuesta de sus ayuntamientos por «la protección y el correcto uso del territorio y la promoción del urbanismo sostenible y responsable».

Así, la APLU asumirá la inspección, control y reposición de la legalidad en relación a obras y usos de suelos que se ejecuten en los tres municipios y siempre que sean en suelos rústicos, no urbanizables o urbanizables sin planeamiento aprobado, y en núcleos rurales delimitados en el PGOM.

En la actualidad, «la APLU da cobijo a 81 ayuntamientos gallegos que representan un 17% de la superficie total de Galicia», ha señalado Ángeles Vázquez.

La adhesión responde a un proceso voluntario mediante el cual los ayuntamientos ceden a la APLU sus competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística.

Además, la Agencia asiste técnica y jurídicamente a los ayuntamientos adheridos y ofrece formación ciudadana que versa sobre valores proteccionistas del patrimonio natural.

Por otro lado, la APLU transferirá a los ayuntamientos un 10% del producto de las multas coercitivas y sanciones.

RETOS

En este sentido, la conselleira de Medio Ambiente ha recordado que «uno de los retos del Gobierno gallego es seguir incorporando nuevos ayuntamientos, al tiempo que se incrementa la colaboración con los mismos».

Además, ha aprovechado para trasladar a los regidores los beneficios de estar adheridos a la APLU porque «los resultados demuestran que la actuación conjunta es sinónimo de éxito».

A modo de ejemplo, ha explicado que durante el año 2018 se redujo el número de expedientes resueltos, lo que «denota un aumento de la concienciación de la población», además el número de ejecuciones subsidiarias, realizadas por particulares, superó el 90%.

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