El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han coincidido este viernes en la necesidad de prorrogar el plan de urgencia adoptado en 2017 para hacer frente a las demandas de acciones individuales sobre cláusulas suelo ajustándolo a las necesidades concretas de cada órgano judicial especializado.
Así lo han decidido los representantes de estas instituciones en una reunión que ha tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.
En dicho encuentro se ha valorado la situación de cada uno de los 54 juzgados de primera instancia e instrucción especializados en cláusulas suelo, así como de las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales encargadas del enjuiciamiento para determinar dónde será necesario prorrogar el plan durante un año más y dónde solo necesitan ampliar la medida durante seis meses.
Este plan de especialización de juzgados de primera instancia entró en funcionamiento el 1 de junio de 2017 para hacer frente al aumento de carga de trabajo previsto tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo y evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen.
En un principio, estaba previsto que el plan tuviera una vigencia de siete meses de duración, pero ante la acumulación de litigios que se han presentado en los juzgados especializados –que tienen competencia exclusiva y no excluyente–, se ha prorrogado en varias ocasiones.
Durante la reunión de este viernes, el CGPJ, Justicia y las Comunidades Autónomas han acordado intensificar desde este momento hasta final de año la frecuencia de sus contactos con el fin de determinar las necesidades concretas de cada territorio y las medidas que será necesario adoptar en cada caso.
MÁS DE UN CENTENAR DE JUECES DE APOYO
Según ha recordado el CGPJ en un comunicado, en la actualidad, además de los titulares de esos 54 órganos judiciales, otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el órgano de gobierno de los jueces. El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas las Comunidades Autónomas menos La Rioja.
En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.
A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han dotado a los juzgados especializados de medios personales (letrados de la Administración de Justicia y funcionarios) y materiales necesarios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Por otro lado, el CGPJ destaca que las cifras de asuntos pendientes ha ido disminuyendo desde la puesta en marcha del plan de especialización, pues de acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2019, el volumen de casos a la espera de una resolución era un 2,25 por ciento menos que al finalizar el primer trimestre del año (31 de marzo).
Misma tendencia se ha registrado con respecto a la tasa de resolución de demandas –cociente entre el número de asuntos resueltos e ingresados en un determinado periodo– en todos los territorios. Entre los meses de abril y junio, esta tasa a nivel nacional ha sido del 118,4 por ciento, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto a los tres meses anteriores, en el que fue del 82 por ciento.
Si se tienen en cuenta los datos correspondientes a los dos años que lleva en marcha el plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3 por ciento, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.
