La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 –siniestro por el que han sido condenados el maquinista y un ex alto cargo de la empresa pública Adif– critica que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «desprecia la seguridad» y «se niega» a recibirles. «Pasará a la historia cómo el único que no recibió a las víctimas de la mayor tragedia ferroviaria», advierte.

Esta asociación solicitó en agosto una reunión con Puente y la contestación que obtuvo del ministerio fue la disponibilidad de que el encuentro se produjese con los responsables de la Secretaría General de Transporte Terrestre y Movilidad Sostenible.

En un comunicado emitido este jueves, la plataforma recuerda que «en su toma de posesión el ministro dijo que su despacho está abierto». «Nada más lejos de la realidad», incide.

«No recibirnos es un acto de cobardía e hipocresía», advierte el colectivo de víctimas, para las que el motivo de esta negativa es «proteger a su ‘amigo querido Pepe Blanco» y evitar asuntos como la creación de una nueva investigación independiente como reclama la Unión Europea.

También cree la plataforma que, con su no, Puente busca evitar «comprometerse a que la política no vuelva a interferir a la técnica en plazos de inauguración» y también «cesar a la actual directora de seguridad de Adif», Esther Mateo, que elaboró un peritaje y defendió la actuación de la empresa pública durante el juicio por el accidente.

Ahora, las víctimas también quieren saber si el administrador de infraestructuras ferroviarias va a recurrir la sentencia que condena a su ex alto cargo por homicidios y delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.

«Se cumplen tres meses desde que se dictó la sentencia y se condenó a Adif. Entre otras cuestiones, la jueza dictaminó que resultaba ‘incomprensible’ que Adif dejase este peligroso tramo sin tan importante protección, dejando recaer toda la responsabilidad en el maquinista y ‘sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad’ como obligaba la legislación», resalta en la nota de prensa.

INFORME «INFAME»

«Llevamos 11 años reclamando que se haga un investigación técnica independiente, tal y como reclama la Unión Europea, ya que la llevada a cabo por el Gobierno (se refiere a la CIAF, organismo que se define como independiente y está adscrito al Ministerio de Transportes) culpaba únicamente al maquinista y no analizaba las causas raíz que afectan a su ministerio, a Renfe y a Adif», añade.

Tras la sentencia, para las víctimas, «resulta más que obvio que la investigación de la CIAF resulta infame y es imprescindible reabrirla».

Señalan directamente a Esther Mateo, «sobrina de Antonio González Marín, presidente que estaba al frente de Adif cuando se realizó la modificación del proyecto que rebajó la seguridad y autorizó Pepe Blanco», para reprochar que «continúa como directora de seguridad pese a que la Unión Europea y la sentencia han dejado claro que la línea no era segura y que no se cumplió la normativa».

Mateo presentó un peritaje en el juzgado «señalando que la línea era segura, que cumplía la normativa de seguridad y que no hay curvas peligrosas», reprueban las víctimas.

Además, apuntan que Óscar Puente, como alcalde de Valladolid, «no sólo tuvo unas palabras de recuerdo para las víctimas, especialmente las vallisoletanas, sino que además, aprobó en junio 2016 una moción de apoyo» a la plataforma para «instar al Gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes acerca de lo ocurrido». «Un acto más de hipocresía», apostillan.

Y avisa de que el ministro «pasará a la historia cómo el único que no recibió a las víctimas de la mayor tragedia ferroviaria, no depuró responsabilidades políticas y mantuvo de directora de seguridad en Adif a alguien que afirmó que no había curvas peligrosas e hizo un peritaje afirmando que todo estaba bien en Angrois».