Más de 7.700 mujeres se beneficiaron en Galicia de las ayudas mensuales para víctimas de violencia de género desde la puesta en marcha de estos apoyos en el año 2006 con un presupuesto total a lo largo de este tiempo que se eleva a los 60 millones de euros.
Así se desprende de los datos ofrecidos este jueves por el director xeral de Loita contra a violencia de xénero, Roberto Barba, durante su comparecencia en la Comisión 5ª, de Sanidade, Política Social e Emprego de la Cámara gallega, donde ha dado respuesta a una pregunta de la parlamentaria del PPdeG Raquel Arias.
En si intervención, el director xeral ha destacado que Galicia es un «referente» en la lucha contra la violencia de género y cuenta desde 2007 con una ley propia en esta materia que sufrió diversas modificaciones para garantizar más protección a las víctimas de treta de seres humanos, mujeres y niñas, reconocer la violencia vicaria y también la digital.
Según ha indicado Roberto Barba, entre otros, uno de los objetivos de estos cambios legislativos fue incluir la explotación sexual para que las mujeres que son explotadas sexualmente se pudiesen beneficiar de esta prestación periódica.
Tras citar los requisitos que deben de cumplir las víctimas, entre los que están en este caso la existencia de un informe del Ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de trata de seres humanos o violencia de género, ha señalado que la renta va desde los 200 a los 800 euros mensuales.
«Si contamos que estamos hablando de una prestación que lleva desde el año 2006, el presupuesto desde ese año hasta ahora fue de más de 60 millones de euros», ha detallado. En este sentido, ha incidido también en la evolución de la prestación, al señalar que pasó de contar con un presupuesto de 1,3 millones en el año 2007 a tener más de 5,6 en 2023.
«Desde el inicio de la prestación periódica se recibieron más de 10.000 solicitudes, 400 en el año 2016 y llegamos al año 2023 con 881 solicitudes, de las que se concedieron 688», ha precisado para poner en valor que esta renta es «compatible con otras ayudas que puedan recibir las víctimas».
