La Xunta ha instado al sector ganadero a trasladar sus reivindicaciones por la situación del lobo al Gobierno central para exigir una solución definitiva que garantice el equilibrio entre la conservación de esta especie y la actividad ganadera.

Durante una reunión mantenida en la mañana de este martes con representantes de los sindicatos agrarios, la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, los ha animado a detallar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las pérdidas que sufren por los ataques del lobo y la necesidad de adoptar medidas para mitigar esa situación.

De este modo, según ha informado la Xunta en un comunciado, ante lo alto número de avisos inscritos y los datos del censo elaborado por la Administración autonómica que estima que la población de lobo ibérico se mantiene estable en la Comunidad con alrededor de 93 manadas, han coincidido en la necesidad de revisar el nivel de protección del lobo y de adaptarlo a la realidad actual de la Comunidad.

Así, la directora xeral ha insistido en la necesidad de reclamar al Ministerio que rectifique su decisión de incluir el lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) dado que su estado de conservación en Galicia no es desfavorable.

En esa línea, durante la reunión se ha evaluado la posibilidad de solicitar al Gobierno a implementación de alguna medida transitoria que permita intervenciones puntuales de control en aquellos entornos que registren un elevado volumen de ataques y daños.

A mayores, la Xunta y el sector ganadero han acordado estudiar posibles fórmulas para incluir los daños causados por el lobo a los perros cuidadores de ganado en la nueva convocatoria de ayudas prevista para el próximo año.

En ese sentido, Díaz Mouteira ha recordado que este año el Gobierno gallego publicó distintas líneas de ayudas por importe de 2,5 Meuro para compensar los daños del lobo o adoptar diferentes medidas de prevención. De hecho, solo en el período 2016-2024 la Xunta destinó con fondos propios cerca de 11 millones de euros a esta cuestión y tiene el compromiso de mantener y reforzar estos apoyos en el futuro, con independencia de la financiación que se pueda recibir por parte del Ministerio.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

Frente a ello, ha censurado que el Gobierno central mantiene una actitud errática en esta materia y que, por ejemplo, informó este mismo mes de la transferencia de los 4 millones de euros que le corresponden a Galicia según el reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado mes de julio.

Con todo, Marisol Díaz ha lamentado que ese pago se haga efectivo en el último trimestre del año porque, aunque puedan ser imputables a 1 de enero, dificultan la planificación de su gestión.

Además, la Xunta ha recordado que el Ejecutivo central aún no transfirió a Galicia los fondos pendientes de 2022 y 2023, que sumarían un total de 8 millones de euros.

REIVINDICACIONES DE UNIÓNS AGRARIAS

Por su parte, en otro comunicado, Unións Agrarias ha pedido a la Xunta que habilite un presupuesto suficiente para la prevención de los daños causados por el lobo y ha lamentado que la Consellería de Medio Ambiente siga sin afrontar «medidas efectivas».

Así lo ha trasladado la organización agraria en un comunicado, en la jornada en la que ha participado en la reunión de trabajo convocada por la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Mouteira, para analizar el estado de la gestión del lobo en el rural gallego.

Unións Agrarias ha señalado que la reunión tiene lugar días después de conocerse la «total negativa» de este departamento a atender sus peticiones para evaluar el potencial riesgo para las personas de los ataques del lobo en O Vicedo tras las muertes seguidas de tres mastines de guardia en la puerta de las casas.

La organización agraria, que pide que se incrementen las partidas presupuestarias hasta la total cobertura de las solicitudes en tramitación no atendidas, considera inaceptable que la Consellería «siga escondiéndose detrás de su oposición al Lespre para no abordar medidas adicionales efectivas, no para la gestión de las poblaciones de lobo, ni de sus daños, ni de la escalda de riesgos en el rural ante cambios de comportamiento de ejemplares o manadas que se aproximan cada vez más con ataques en el medio de las casas.

Unións Agrarias ha considerado que esta negativa a hacer gestión es «incomprensible» toda vez que, según ha dicho, el ministerio ha liberado «cuatro millones de euros para la prevención y pago de daños del lobo en Galicia para el 2024, fondos que, conforme señala, estaban congelados desde 2021 al negarse la Xunta de Galicia a firmar el Plan de gestión del lobo.

La organización recuerda que, al igual que la Consellería, presentó alegaciones en contra de la inclusión del lobo en el catálogo del Lespre, y que ha recurrido el Plan de gestión del ministerio, pero entiende que «mientras no haya una sentencia firmes a los recursos contenciosos presentados», es el marco legal vigente al que hay que atenerse.

Todo ello «sin que pueda servir de excusa a la Xunta para dejar abandonados a los agricultores y ganaderos gallegos, como rehenes de una pelea política que se tiene que solucionar por los canales institucionales establecidos».