Los sindicatos CCOO, ANPE y UGT –los tres firmantes del acuerdo de octubre de 2023– confirman que recurrirán ante la justicia la reducción de ratios en los centros rurales según los agrupamientos firmados ya en 2009, porque la Xunta lo hará progresivamente en cuatro cursos, a partir del actual.

De ello lo informan las tres organizaciones este lunes en un comunicado conjunto después de que el pasado viernes se lo trasladasen al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una reunión.

En este encuentro, el conselleiro les anunció que se incluiría el acuerdo de reducción de ratios y horarios firmado en octubre de 2023 en la ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2025.

El acuerdo de 2023 incluye, a su vez, la aplicación de uno previo que data ya del año 2009 y que hasta el momento no se estaba desplegando en su totalidad. Este contemplaba ratios más reducidas si en una misma clase convivían niños de diferentes niveles: entre 10 y 14 por aula, en función de cómo se realizase la combinación.

Este curso 2024/25, iniciado en septiembre, se empezó a aplicar pero únicamente con los agrupamientos de alumnado de Infantil. Para el resto de puntos, la Consellería de Educación establece, ya en la ley de acompañamiento a los presupuestos, un calendario que llega hasta el curso 2027/28.

Los sindicatos firmantes (CCOO, ANPE y UGT) advierten, como ya hicieron en diferentes ocasiones, que esta progresividad es «intolerable» porque no está contemplado así en el acuerdo que firmaron en octubre de 2023 con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Por tanto, las tres organizaciones advierten que la reunión del pasado viernes «no supone ninguna aceptación ni renuncia» por su parte, por lo que llevarán a los tribunales este punto y «otros que deben aplicarse igualmente desde ya».

«Que no quede la más mínima duda. Nosotros sabemos lo que firmamos y exigiremos, por todos los medios a nuestro alcance, que quien se compromete por parte de la Administración asuma lo que dice el texto del acuerdo y haga la inversión necesaria para cumplir con todo lo publicado en el DOG», concluyen CCOO, ANPE y UGT.