La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado la importancia de los «históricos descuentos» en los peajes de la AP-9 obtenidos por el BNG, pero ha incidido en que el objetivo final es lograr tener una autopista gallega y libre de peajes.

Así lo ha trasladado este jueves en A Coruña después de que el Gobierno central aprobase la tramitación de urgencia de las nuevas bonificaciones y en pleno debate político por el rescate después de que el Congreso también apoya la iniciativa nacionalista para impulsarlo.

«No vamos a descansar hasta que tengamos una AP-9 gallega y libre de peajes», ha afirmado Pontón en una intervención de la que ha informado el BNG en un comunicado y en la que ha sostenido que los nuevos descuentos son un «primer paso» para lograr el objetivo real del BNG, que pasa por conseguir la gratuidad de la autopista «porque los gallegos y las gallegas no tienen que seguir pagando peajes para que se forren los fondos de inversión».

Pontón se ha pronunciado de este modo después de la presentación a los agentes sociales y económicos de A Coruña del informe encargado por el BNG a la Universidade de A Coruña (UDC) sobre la situación jurídica y el coste del rescate de la infraestructura.

La portavoz nacional se ha referido de este modo a la operación de compraventa por la que un fondo de inversión de los Países Bajos acaba de hacerse con el control de la autopista gallega. «Lo que no puede ser es que la llave de nuestro dinero la tenga un fondo buitre, lo que queremos es que la llave de la AP-9 la tengamos los gallegos y las gallegas y que dejemos de pagar unos peajes que son una estafa legalizada», ha alegado para indicar a continuación que «llegó el momento de que el país tome el control» de la autopista.

Después de señalar que el BNG va a seguir trabajando para conseguir tanto el rescate como la transferencia de la AP-9, Pontón ha recordado que la ciudadanía gallega ya estaría circulando gratis hoy por la autopista «si no fuese por la prórroga de 25 años aprobada por el Gobierno del Partido Popular del señor Aznar».

En esta línea, ha criticado tanto a PP como a PSOE por «no mover nunca un dedo» para terminar con una «discriminación y un agravio» que, según ha indicado, «obliga a los gallegos y a las gallegas a pagar peajes más altos» y durante «más tiempo» que el resto de los ciudadanos del Estado, por lo que ha apelado a «seguir haciendo presión política y social» para terminar con esta situación.

PRÓRROGAS ILEGALES

Una situación que, según las conclusiones del estudio encargado por el BNG a los académicos de la UDC Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, se deriva de la aprobación de las dos prórrogas de PSOE y del PP que «son ilegales», dado que ampliar la concesión de la AP-9 en 35 años supone un cambio sustancial en las condiciones del contrato, por lo que «tendría que haberse producido una nueva licitación». Además, sostiene que «viola la normativa tanto europea como estatal en relación a los principios de igualdad y de transparencia en la contratación pública».

En este contexto y apelando a aprovechar la puerta que abre el dictamen de la Comisión Europea que advierte de esta ilegalidad, la líder nacionalista ha afirmado que «la única vía posible es la anulación del contrato», lo que implica que la empresa concesionaria no tenga derecho a un lucro cesante y, por lo tanto, se reduciría sustancialmente el coste del rescate.

Un rescate que, según el estudio encargado por el Bloque, se cifra en 904,7 millones de euros, el valor de mercado de la autopista, «por lo que no tendría ningún sentido que desde el ámbito público se pagase más caro que en el privado», ha señalado Pontón.

«Por lo tanto no son los 4.000 millones que decía el Gobierno del PP, ni tampoco los 6.000 que dice el Gobierno del PSOE, ni tampoco los 2.355 millones del informe encargado por la Xunta a una gestoría que, casualmente, tiene como principal cliente a la concesionaria», ha afirmado Pontón, que ha afeado al Ejecutivo de Alfonso Rueda un informe que es «un traje a medida de los intereses de Audasa» y que supone «un sobrecoste de 1.450 millones».

PEAJES EN LA SOMBRA

La portavoz nacional también ha indicado que, si no se hace nada para cambiarlo, los peajes en la sombra que habría que pagarle a Audasa ascenderían a 2.844 millones de euros hasta la finalización de la concesión en 2048.

«Este dato es importante porque lo que nos dice es que rescatar a la AP-9 no solo es posible, no solo es viable, sino que es lo más barato para las arcas públicas», ha incidido para defender un rescate que «no es solo un acto de justicia con los gallegos y con las gallegas», sino que también supone «ahorrar miles de euros en las arcas públicas», dado que «todos los informes oficiales que hay en este momento dicen que se va a pagar más por las bonificaciones de los peajes que por el rescate».

Por eso, Pontón ha considerado que rescatar la AP-9 es solo cuestión de «voluntad política» y permitiría acabar con una «discriminación y con una estafa legalizada que tienen que pagar cada día miles de gallegos y gallegas».