El Gobierno ha trasladado, en una respuesta a la senadora del BNG Carme da Silva, su intención de adoptar las «medidas que sean necesarias» para garantizar el acceso público a la isla de Toralla, situada frente a la playa de O Vao, en Vigo, y conectada con tierra mediante un puente.

En su respuesta, la Dirección General de la Costa y el Mar expone que es «consciente de las limitaciones» de acceso a la isla, y señala que trabaja «en una solución para revertirlas».

Tras aclarar que «no consta la existencia» de un proyecto para recuperar el dominio público marítimo terrestre y la apertura del tránsito en esa isla (anunciado por la entonces ministra Elena Espinosa), la Dirección General señala que «la habilitación de la servidumbre de tránsito en la isla de Toralla es uno de los objetivos presentes».

Al respecto, recuerda que ley obliga a establecer una franja de 6 metros de servidumbre, y que esa zona deberá quedar permanentemente despejada para el paso público peatonal y para vehículos de vigilancia y salvamento (excepto en espacios especialmente protegidos).

«El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a adoptar las medidas necesarias para que la isla de Toralla sea de accesibilidad pública de acuerdo con el contemplado en la normativa de Costas», concluye el Gobierno en su respuesta.

La senadora nacionalista, Carme da Silva, ha celebrado este «acuerdo» y ha agradecido a los vecinos y colectivos ecologistas que «nunca se rindieron» en su lucha por recuperar ese espacio.

Ante esta respuesta, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha reivindicado el acceso público a la isla como una «deuda histórica» con la ciudad. «No podemos aceptar que continúe siendo el coto VIP de unos pocos, incumpliendo la ley», ha advertido el edil.

Asimismo, ha advertido de que el BNG «va a seguir ejerciendo presión» para que el Gobierno cumpla con el compromiso de recuperar Toralla, tras años de ser una «isla privatizada», en los que la administración central ha contado con la «complicidad del gobierno municipal y de la Xunta».