Incrementar el pago por hora para ayuda a domicilio que la Xunta aporta a las entidades locales, simplificar los procesos de acreditación de discapacidad, «cada vez más farragosos», flexibilizar la inversión de los remanentes municipales o tener en cuenta la dispersión poblacional en el reparto de fondos para dependencia son algunas de las reclamaciones que tienen los ayuntamientos gallegos en el ámbito de la discapacidad y de la dependencia.

Así las ha expuesto este jueves el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, durante su comparecencia en la comisión no permanente sobre políticas de discapacidad del Parlamento de Galicia.

Durante su intervención, García ha destacado que uno de cada tres gallegos dependientes opta por la prestación de ayuda a domicilio, una opción que en Galicia ocupa un mayor porcentaje que en el resto del Estado. «Los dependientes siguen optando mayoritariamente por permanecer en sus domicilios», ha dicho.

Por ello, ha destacado la importancia que cobra el servicio de ‘Axuda no fogar’ y el «esfuerzo» que realizan desde los ayuntamientos para mantenerlo, especialmente en lo relativo a aquellas personas que no cuentan con una valoración de dependencia pero que tienen «necesidades especiales».

En el capítulo de las reclamaciones, Alfredo García ha asegurado que «no se cumplió» que la financiación «se asumiese íntegramente por el Estado y las comunidades», lo que obliga a las entidades locales a aportar de sus recursos propios. En concreto, ha afirmado que los municipios pagan actualmente entre 14 y 16 euros por hora de ayuda en el hogar, mientras que la comunidad «abona 9,7 euros por hora».

Del mismo modo, ha llamado la atención sobre la reducción de las horas máximas de asistencia para grandes dependientes, que se sitúa en 70, lo que genera «muchos más dependientes atendidos pero con menos horas» y deriva en que las familias deben hacer «un esfuerzo adicional».

La Fegamp, ha «solicitado de forma reiterada» a la Xunta «la necesidad de incrementar el precio por hora percibido» para este servicio, ha explicado Alfredo García, que ha incidido también en reclamaciones habituales como que se tenga en cuenta la dispersión poblacional a la hora de repartir los fondos para dependencia entre las comunidades autónomas.

SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Otro de los puntos sobre los que ha llamado la atención el presidente de la Fegamp ha sido la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de certificados de discapacidad o dependencia, algo que «cada vez está peor».

«Los procesos son cada vez más farragosos, mareamos más a la gente», ha dicho Alfredo García, que ha llamado la atención sobre que los documentos que acreditan estas situaciones «no sirven para todos los departamentos» y ha reclamado una «integración de procedimientos» y una «agenda social única».

También se ha referido a la adaptación de la accesibilidad en el ámbito municipal y al «gran esfuerzo de inversión» realizado en la materia por las entidades locales. No obstante, ha criticado los obstáculos impuestos por la Ley de Sostenibilidad, con la que los ayuntamientos «han visto recortada su capacidad para invertir». «Muchos municipios de Galicia tienen superávit y remanente positivo, y es necesario levantar un poco la mano para poder invertir», ha dicho el presidente de la Fegamp, que ha recordado que «la accesibilidad se consigue con inversión».

Finalmente, Alfredo García ha llamado la atención sobre que «el problema que subyace» en esta situación es «fundamentalmente que los ayuntamientos asumen todo lo que les dan». «No podemos estar discutiendo todos los días, porque los que pagan el pato son los usuarios y la prioridad es atenderlos», ha explicado.

En todo caso, ha reclamado que se cumplan los compromisos de financiación y que «cuando se negocie la financiación autonómica» no se haga «en exclusiva» con las autonomías, si no también con los ayuntamientos, ya que, de lo contrario, a los municipios les «quedarán las sobras».

TARDANZA Y COORDINACIÓN

Durante el turno de los grupos parlamentarios, los representantes de las distintas fuerzas han incidido en cuestiones como la tardanza en las valoraciones de discapacidad y dependencia y la necesaria coordinación y corresponsabilidad en la materia entre las distintas administraciones.

En este sentido, la diputada del Grupo Mixto Paula Vázquez Verao ha exigido que se «amplíen» los fondos de la Xunta para el servicio de ‘Axuda no Fogar’, así como que se establezca «un mínimo de igualdad» entre los distintos municipios gallegos, ya que actualmente tienen «mucha disparidad» en cuanto a prestación de servicios. La diputada también ha llamado la atención sobre los efectos que tiene «tardanza en la valoración de la discapacidad y de la dependencia» en los servicios municipales.

Por su parte, Montse Prado (BNG) ha criticado que Xunta y Estado traten a los ayuntamientos «casi como menores de edad» a la hora de asumir obligaciones y ha recordado que «queda mucho que hacer» en materia de accesibilidad, aunque se trata únicamente de «una cuestión de recursos». En particular, ha apostado por cuestiones como planificar el nuevo urbanismo «pensando en la accesibilidad» de todos.

En su turno de intervención, la diputada del Grupo Común da Esquerda Paula Quinteiro ha reclamado por una «red de cuidados públicos» que incida, a mayores, en beneficios para el empleo, y ha criticado que las administraciones, «a día de hoy, no están siendo capaces de garantizar el bienestar de las personas». Para Quinteiro, uno de los «retos fundamentales» actualmente es «la coordinación entre servicios», así como la atención y el acompañamiento psicológico del cuidador.

En la misma línea, la socialista Noela Blanco ha instado a «reducir la carga de las familias» y a facilitar el proceso en el ámbito burocrático, al tiempo que ha calificado de «esencial» el «reparto de responsabilidades» entre administraciones. «Hay que seguir trabajando en ese modelo de financiación al 50/50», ha dicho la diputada del PSdeG, que ha sacado a colación la apuesta por la atención temprana y la «necesaria colaboración sociosanitaria».

A renglón seguido, en su turno de intervención, la diputada del PPdeG Marta Rodríguez-Vispo ha reivindicado el decreto de atención temprana de la Xunta, que «fue un antes y un después en la sociedad gallega» y ha reclamado los «200 millones de euros que el Estado debe» a Galicia para servicios sociales. A mayores, ha «tomado nota» de las reclamaciones en el ámbito de la simplificación de la burocracia.