El portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, ha criticado que el Gobierno gallego mantenga «su posición de entorpecer el desarrollo de la Ley de Vivienda» que permitiría declarar zonas tensionadas para controlar los precios de la vivienda, «con el riesgo de perder fondos adicionales del Estado».

Y es que las autonomías gobernadas por los ‘populares’ (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se han reafirmado conjuntamente en su negativa a declarar ‘zonas tensionadas’ en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: subir precios y recortar la oferta.

Enfreten, Torrado ha cargado contra el Gobierno que dirige Alfonso Rueda y ha advertido de que «está convirtiendo a los gallegos y gallegas en víctimas de su seguidismo de las directrices marcadas desde el PP de Madrid».

El responsable socialista ha censurado «la reticencia» a la hora de ejercer sus competencias en materia de vivienda para aplicar la Ley estatal que permite determinar zonas tensionadas y controlar los precios del alquiler.

Al respecto, ha recordado que, en localidades como A Coruña, los precios del alquiler crecieron «un 48% en los últimos 8 años» mientras el Ejecutivo autonómico, ha lamentado, «se niega a fijar un tope incluso a costa de perder las ayudas comprometidas por el Estado».

QUE ESTÉ «A LA ALTURA DE SU RESPONSABILIDAD»

El dirigente socialista ha exigido al Gobierno gallego que «esté a la altura de su responsabilidad» y gestione «con responsabilidad, transparencia y diligencia» los 11,4 millones de euros adicionales que recibirá para financiar el Bono Alquiler Joven y «evitar caer en la chapuza de otros años».

En concreto, ha aludido a la anterior edición de estas ayudas de 250 euros concedidas por el Estado «que primero la Xunta quiso hacer pasar por propias y, después, fue el Valedor do Pobo quien dio la alarma del incumplimiento del plazo de tres meses para comunicar las resoluciones, llegando a comunicar el rechazo de las ayudas hasta casi dos años después».