Un estudio encargado por el BNG a profesores de la Universidade da Coruña concluye que las prórrogas otorgadas a la concesionaria de la AP-9 son ilegales porque suponen un «cambio sustancial» en las condiciones que debería haber supuesto su salida en concurso público, al tiempo que rebaja a 904,7 millones de euros el coste del rescate de la autopista al sostener que Audasa no tendría derecho a ser compensada por el dinero que dejaría de ganar hasta el final del período de explotación.

Son las dos conclusiones del estudio elaborado por los profesores de Derecho en la UDC Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, que han acompañado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la presentación del estudio sobre la autopista, que rebaja muy sustancialmente los cálculos sobre el coste del rescate de la autopista hechos por el Gobierno central (4.000 millones) y Xunta (entre 1.612 y 2.355 millones).

En palabras de Pontón, el estudio evidencia que «la mejor decisión desde todos los puntos de vista» es proceder al rescate de la AP-9, primero, porque las prórrogas concedidas a Audasa para su explotación hasta 2048 son «ilegales» y, en segundo lugar, porque el coste para las arcas públicas es inferior al desembolso de 2.400 millones que el Estado deberá abonar hasta el final de la concesión por los peajes en sombra y otras bonificaciones.

En concreto, el análisis jurídico hecho por el profesor Carlos Aymerich, portavoz parlamentario del Bloque entre 2009 y 2012, estima que las prórrogas otorgadas en 1994 por el Gobierno presidido por Felipe González y, seis años más tarde, en el 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar son contrarias al derecho europeo y, por lo tanto, ilegales al haber significado un «cambio sustancial» no previsto en los pliegos iniciales al extender «en un 90%» el plazo de explotación inicial.

Aymerich recuerda que el caso de la anulación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la prórroga concedida por el Gobierno italiano a los explotadores de la autopista Tirrénica –entre Livorno y Civitavecchia–, que creó jurisprudencia sobre las extensiones de concesiones que se entienden más de un 60% del plazo inicial y que son consideradas como «adjudicaciones directas» al limitar la concurrencia de otros candidatos al contrato.

Por otro lado, el estudio apunta, con base en la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo con una sentencia emitida en 2022, que en caso de anulación de contrato por motivos legales las empresas no tienen derecho a ser compensadas por lucro cesante, es decir, por los beneficios que dejarían de obtener por el servicio pues, si fuese así, seguirían cobrando «de facto» por la explotación del mismo.

Los promotores del informe consideran que el procedimiento abierto por la Comisión Europea contra el Estado español por la prórroga del año 2000 abre la puerta a aprovecharse de este escenario para proceder a la anulación y posterior rescate de la autopista por la vía de la «revisión de oficio», para lo que sería necesario que el Gobierno central actúe «de buena fe» y asuma el dictamen de Bruselas sin plantar cara.

Descontado el lucro cesante, el análisis económico hecho por el profesor José Antonio Blanco concluye que Audasa sólo debería tener derecho a recibir el importe equivalente al valor de la AP-9, que estima en 904,7 millones de euros según la tasación a la que fue sometida el Grupo Itínere, en el que se integra la empresa concesionaria de la autopista, en el año 2018.

Pontón ha contrastado esta cifra con las «infladas» aportadas sobre el coste del rescate por el PP desde la Xunta y el PSOE en el Gobierno central, en las que considera que hay un intento por «justificar» que no se puede asumir el rescate por su impacto en las arcas públicas.

En este sentido, el estudio encargado por el BNG resalta que el Estado deberá pagar hasta el final de la concesión un total de 2.844 millones de euros a Audasa por los llamados ‘peajes en sombra’ u otro tipo de bonifiaciones, que suponen «el 30%» de la facturación anual de la concesionaria.

Por lo tanto, Pontón ha incidido en que el desembolso para la administración por las obras de conservación y mantenimiento de la autopista es de 11,8 millones de euros, «mucho más barato» de lo que el Estado abona por las bonificaciones y peajes en sombra.

Así las cosas, el Bloque ve «evidente» que el rescate «significaría un ahorro muy importante para las arcas públicas» que puede acometerse aprovechando que el contrato de prórroga fue «ilegal» y es «anulable» por ser una decisión que se adoptó «a favor de Audasa y en contra de los gallegos».