El pleno de la Diputación Provincial de Lugo ha aprobado este martes, con el voto a favor de todos sus miembros, demandar a la Xunta de Galicia la adopción de medidas urgentes para apoyar a las ganaderías de vacuno en la lucha contra el avance de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) que afecta a numerosas explotaciones.

La moción, presentada por el BNG y que ha contado con el respaldo del PP, ha salido adelante por unanimidad en una muestra, han apuntado desde el Grupo Provincial popular, de la «sensibilidad» del partido con el sector ganadero gallego.

El acuerdo ha tenido lugar tan solo un día después de que la Xunta de Galicia anunciara la puesta a disposición de una partida de más de 5,4 millones de euros en ayudas directas a los ganaderos gallegos destinada a paliar las consecuencias de la enfermedad y paralelamente a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la distribución de fondos entre las comunidades autónomas por valor de 15 millones de euros para combatir las pérdidas provocadas por la EHE.

La urgencia de combatir los estragos provocados en Galicia por la enfermedad hemorrágica epizoótica ha sido, sin embargo, uno de los pocos asuntos del orden del día abordados en el pleno de septiembre de la Diputación lucense en el que las diferentes fuerzas políticas han alcanzado un consenso.

Tanto es así que las mociones planteadas por socialistas y nacionalistas para reclamar a la Xunta de Galicia la suspensión de la subida del canon de Sogama a los municipios y la adopción de un nuevo modelo de gestión de residuos han salido adelante tras dos votaciones igualadas –el PP se ha opuesto a la propuesta– merced al voto de calidad de la presidencia.

«Quien está haciendo una mala gestión de Sogama es la Xunta y también quien está quemando una cantidad de residuos que no debería porque están prohibidos por ley», ha denunciado, antes del inicio de la sesión, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a indicar «de qué parte del presupuesto» autonómico van a salir los fondos comprometidos por el líder del Ejecutivo gallego para «suavizar» el impacto de la subida.

En este sentido, la diputada socialista Pilar García Porto ha demandado a la Xunta durante su intervención que «se mantenga el canon establecido a los municipios gallegos de 66 euros por tonelada de residuos gestionada» así como «la anterior bonificación del 15%», mientras que la diputada Iria Castro (BNG), que ha calificado de «tomadura de pelo» y «robo a mano armada» la subida del canon, ha lamentado el hecho de que Galicia sea «la peor comunidad de España en materia de reciclaje».

«FALTA DE PROFESORADO» EN LOS COLEGIOS

También ha sido aprobada este martes en el pleno de la Diputación de Lugo, con los votos a favor de socialistas y nacionalistas y la abstención del PP, una propuesta del Gobierno provincial para exigir a la Xunta de Galicia medidas para hacer frente a las «carencias detectadas», a su juicio, en el inicio del curso académico, relacionadas fundamentalmente con la «falta de personal docente» en las escuelas.

«Mientras el conselleiro de Educación presume de una cifra récord de 31.603 profesores, a lo largo de la geografía gallega cientos de familias se están quejando de la falta de docentes», ha denunciado, a propósito de la situación con la que ha arrancado el nuevo curso escolar en Galicia, la portavoz socialista en la Diputación, Pilar García Porto, que ha subrayado también que las ratios profesor-alumno acordadas a nivel sindical «tampoco se están cumpliendo».

En la propuesta aprobada, el Gobierno provincial lucense exige también al Ejecutivo gallego que garantice la «presencia de profesores de apoyo para los niños y niñas con necesidades educativas especiales»; que se recupere «la gratuidad de los libros de texto»; que se cubran las «256 plazas docentes que la Xunta dejó sin cubrir»; y que no se deje de lado a los colegios del rural, bajo su punto de vista «los más perjudicados» de la geografía gallega.

La moción planteada por el Grupo Provincial popular para reclamar, por su parte, al Gobierno central servicios ferroviarios de calidad para la provincia, defendida en el pleno por el portavoz Antonio Ameijide con la intención de que Lugo, ha indicado, «deje de ser la provincia más aislada de España en materia ferroviaria», ha salido también adelante con 12 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.