Castilla y León, Galicia y Aragón «hicieron caja» con el aumento de presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, según el cual el Gobierno de España aumentó en dicho periodo su aportación para la Dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las comunidades autónomas.

Así, de todas las comunidades autónomas, tres han disminuido durante el citado Plan de Choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). La asociación califica de «especialmente sangrantes los recortes» que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

El estudio indica que, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una «acusada desigualdad territorial», donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.

Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.

Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, «cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación». Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General «refuerza la financiación del sistema». Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. «han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque», según la entidad.

En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.

DENUNCIA: «CADA 15 MINUTOS MUERE UNA PERSONA ESPERANDO PRESTACIONES»

Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el «incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel».

«Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia», argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley.

«Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo», ha denunciado la entidad.