El BNG ha señalado este miércoles a un concejal de Guntín (Lugo) como uno de los tres ganaderos que aceptaron este martes una condena de nueve meses de prisión tras sentarse en el banquillo por un delito de explotación laboral contra dos trabajadores de nacionalidad marroquí que estaban en situación irregular, y ha pedido al PP su «expulsión inmediata».

Según consta en el escrito fiscal, la empresa agraria denunciada, ubicada en Guntín (Lugo), es la Casa do Coxo, a la que está vinculado José Vázquez Barreiro, y los otros dos familiares que alcanzaron un acuerdo judicial de conformidad que les supuso la rebaja de la pena inicial que pedía Fiscalía (tres años de prisión) y que se completa con indemnizaciones a los dos trabajadores por un total de 44.000 euros.

Vázquez Barreiro concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023 como número cinco de la lista del PP que encabezó en su día María José Gómez, ahora conselleira de Medio Rural. Y es que Gómez dejó la Alcaldía en manos de Ángel Pérez el pasado mes de abril, cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la fichó para su nuevo Gobierno.

«La alcaldesa saliente, actual conselleira do Medio Rural, tendrá que dar explicaciones, ya que fue ella quien lo eligió para formar parte de la candidatura y los hechos por los que fue juzgado fueron anteriores a su elección», ha advertido el BNG en un comunicado.

El escrito fiscal detalla que uno de los trabajadores comenzó en la explotación el día 12 de octubre de 2018, de forma irregular. Por las labores percibía un sueldo de 700 euros mensuales, de los que le descontaban 50 euros por el alojamiento que le ofrecían en un anexo de la explotación.

El otro empleado, en idénticas condiciones laborales, comenzó a trabajar el 1 de marzo de 2020 y compartía alojamiento con su otro compañero.

EN AGOSTO DE 2020 LOS TRABAJADORES FUERON A UNA CASA DE ACOGIDA

El Ministerio Público hizo constar que ambos trabajadores asumieron ese calendario laboral contrario a la normativa debido a su situación, ya que eran migrantes, en situación irregular, desconocedores del idioma y sin recursos económicos.

Ambos trabajadores prestaron servicio en hasta agosto de 2020 cuando se marcharon a una casa de acogida.

Por ello, a los tres ganaderos se les imputaba un delito contra los derechos de los trabajadores por lo que Fiscalía solicitaba la pena de tres años de prisión para cada uno, que finalmente se ha visto reducida tras asumir la culpabilidad los acusados y cerrar un acuerdo de conformidad.